Hace tiempo que la junta de accionistas de Pescanova ya no es lo que era. Desde que el estallido de las cuentas por el desfase de la deuda provocó uno de los mayores concursos de acreedores de la historia de España, el negocio se traspasó a otra sociedad, Nueva Pescanova, y la compañía original quedó reducida a un mero instrumento con el 1,65% del capital de la multinacional pesquera tras la ampliación de capital de abril de 2017. Técnicamente su situación contable es de disolución, pero el consejo de administración defendió ayer, durante la cita con los accionistas, que continúa viva, aunque a expensas de lo que vayan dictando los jueces.
Su presidente, Malo de Molina, reconoció, según las fuentes consultadas, que los tres grandes procesos abiertos en los tribunales marcarán el futuro de la sociedad. De un lado está la lucha abierta en la Audiencia Provincial de Pontevedra para intentar recuperar el 20% de Nueva Pescanova, algo que, de acabar a su favor, supondría un cambio "radical" e incluso De Molina se plantea recuperar la activida de productiva. De otro, la demada interpuesta contra el crédito de 300 millones de la compañía con sede en Chapela.
Pero lo que más preocupa es el proceso de la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula -el expresidente, Manuel Fernández de Sousa, sigue siendo uno de los principales accionistas (7,55)- y la fianza de 348 millones de euros que, según Malo de Molina, no le correspondería pagar a ellos, sino a Nueva Pescanova, que niega que sea así. "No tenemos que entregar cantidad alguna", defiende la pesquera.
