Bajo el paraguas de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, que inició su andadura en enero de 2016, hay más de 80.000 empresas de 55 concellos. Por su pertenencia a esta corporación, universal desde abril de 2014, las sociedades mercantiles no tienen ninguna obligación económica con ella; están dentro de la Cámara, pero solo pagan cuota si así lo consideran. En el segundo semestre de 2016 -cuando la Cámara fusionada consolidó sus cuentas- los ingresos por el recurso cameral permanente (ese cupo voluntario) rozó los 3.300 euros. El año pasado apenas pasó de los 145 (en los presupuestos la previsión era de ingresar cero por este concepto). Esta recaudación testimonial es la que "genera incertidumbre" en cuanto a su continuidad, como admite la Cámara en la memoria anual de 2017. Sobre todo porque, hasta 2010, la pertenencia a este tipo de organizaciones sí conllevaba el pago obligatorio de cuotas, y no se ha articulado ningún mecanismo para que dispongan de ingresos recurrentes.
En la Ley de Cámaras de 2014 se establece un abanico de funciones por las que pueden recibir encomiendas de gestión por parte del Estado, como tramitar programas públicos de ayudas a las empresas, gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas o desempeñar las funciones público-administrativas. "Parece contradictorio establecer la necesidad de las funciones públicas de las Cámaras y no establecer mecanismos que las doten económicamente de manera adecuada", incide la institución que preside José García Costas. Esta "incertidumbre" en materia de ingresos no afecta solo al ente cameral provincial, sino a las de toda España. Por este motivo las organizaciones de todo el país han creado un grupo de trabajo -presidido por José Vicente Morata Estragués, de Valencia- para poder recibir estas "encomiendas de gestión" del Gobierno central y disponer de una entrada "recurrente y estable" de ingresos.
De momento es solo una posibilidad, y la ausencia de ellos pasa factura año a año. En 2017 las pérdidas de la Cámara rozaron los 700.000 euros, frente a los números rojos de 500.292 del periodo anterior (de junio a diciembre de 2016). La cifra de negocios se sustenta con los servicios prestados a empresas y subvenciones por la adscripción a proyectos como Innocámaras, Tic Cámaras o Xpande. Son, en todo caso, muy inferiores al capítulo de gastos de la corporación; factura 934.500 euros, pero solo en plantilla gasta más de 1,2 millones. "En el pasado" -añade la memoria anual- el elevado volumen de programas había "desaconsejado" la reducción del número de trabajadores, 41, pero esto ha cambiado. "La experiencia de ejecución y las dificultades para obtener compensaciones económicas adecuadas aconsejan una importante reducción de plantilla". Es la misma recomendación que realiza la auditora, Cristina Bernabea Prado. Su "coste de realización", advierte, "no está provisionado" en las cuentas.
García Costas ya avanzó el pasado julio que la Cámara había fichado al bufete Cuatrecasas para proyectar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), cuyas negociaciones arrancarán previsiblemente esta semana. De los 41 trabajadores de la corporación, 28 están empleados en la oficina de Vigo (donde está la sede central), ocho en la de Vilagarcía y cinco en Pontevedra. De ellos, 33 cuentan con contrato indefinido y ocho son eventuales.
