El pulso por el control de Itínere, el grupo gestor de autopistas propietario -entre otras sociedades filiales- de Audasa (la concensionaria de la autopista AP-9), apunta a que puede acabar dirimiéndose en los tribunales con posibles acciones judiciales cruzadas para solventar la titularidad futura de la empresa.
Los servicios jurídicos de Sacyr, dueña de 15,5% de Itínere, están estudiando si la gestora estadounidense de fondos de inversión Corsair Capital (titular del 38% y primer accionista del grupo concesionario de autopistas de peaje en el Norte de España) puede impedirle la venta de su paquete accionarial al grupo español Globalvía, como pactó en julio, invocando su derecho de adquisición preferente de los títulos que salgan a la venta. A su vez, Globalvía ha anunciado acciones si Sacyr quiebra el acuerdo suscrito y le ha advertido que, de vulnerarlo, tendrá que hacer frente al pago de las penalizaciones previstas por incumplimiento.
De ocurrir esto, Corsair -que debe igualar el precio ofrecido en julio por Globalvía- pagaría 201,5 millones a Sacyr por su 15,5% pero esta constructora y gestora de infraestructuras debería entregarle la mitad (100 millones) a Globalvía como compensación.
En virtud de los pactos existentes entre accionistas, Corsair (mayor propietario de Itínere) podía blindar hasta anteayer su actual hegemonía en el grupo ejerciendo su derecho preferente de compra de los paquetes que en julio Globalvía pactó comprarles a Abanca (23%), Kuxabank (16,3%) y Sacyr (15,5%) a condición de igualar el precio. Sin embargo, Corsair, que a su 38% suma el 5,8% de Liberbank -con el que tiene un pacto desde mayo de 2017-, solo ha invocado el derecho de adquisición preferente sobre el 15% de Sacyr (la menor de las tres participaciones en venta) porque con este porcentaje le basta para garantizarse la mayoría absoluta (sumaría el 59,2%) y frenar a Globalvía, que, con la adquisición del 55,6% a Abanca, Kutxabank y Sacyr, aspiraba a convertirse en socio hegemónico, lo que dejaría a Corsair en minoría.
El debate jurídico está en si los pactos parasociales permiten a Corsair ejercer su prioridad en la adquisición sobre uno solo de los paquetes accionariales en venta o debe hacerlo sobre los tres. El desembolso en el primer caso sería de 201,5 millones (más los 75,4 millones a los que tendría derecho Liberbank por su 5,8%) y en el segundo ascendería a 722,8 millones.
Los posibles litigios judiciales que se vislumbrar se sumarían a los dos arbitrajes que ya están en marcha desde hace meses: uno de Kutxabank y otro conjunto de Abanca, Kutxabank y Sacyr, en ambos casos contra Corsair
