A pesar del golpe, porque lo es, el auto con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cierra la instrucción del caso Alfageme no es nada sorprendente. Ya antes de escuchar sus declaraciones, el magistrado decidió imponer una fianza de 80 millones de euros a la antigua cúpula de Caixanova y el propietario de Promalar, Juan Lago, al que la entidad concedió varios préstamos para reflotar la conservera quebrada. No hay ni un solo matiz en su hipótesis después de toda la investigación y De la Mata asume la tesis al completo de la Fiscalía Anticorrupción, salvo por la decisión de sobreseer provisionalmente las causas contra dos de los antiguos directivos, Domingo González Mera y José Benito Varela Fernández. Al resto, un total de 10, con Lago a la cabeza y, entre otros, el expresidente, Julio Fernández Gayoso, y que fue director general, José Luis Pego, y el responsable de empresas, Gregorio Gorriarán, les imputa un delito de administración desleal o de apropiación indebida y otro de blanqueo de capitales. El supuesto perjuicio creado a la vieja caja sigue siendo el mismo, esos 80 millones de euros.

El juez considera que existen indicios suficientes de la existencia de un presunto plan de los altos cargos de Caixanova para beneficiar a los accionistas de Bernardo Alfageme en 2005, entre los que estaba el fallecido Guillermo Alonso Jáudenes, que fue consejero de la caja. Gorriarán habría entrado en contacto con Juan Lago para que se hiciera cargo de la compañía con el compromiso de concederle la financiación suficiente para sacarla del agujero en el que estaba. De los cuatro créditos concedidos, De la Mata pone el foco en tres por un importe de 80 millones, alrededor de los que "se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y finalidad" de las operaciones, "que era beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme", dice en la resolución publicada ayer. De ella, al menos parte de los imputados no tenían una copia.

En el caso de los préstamos hipotecarios, las garantías entregadas fueron terrenos con una valoración en 2005 que, según el magistrado, era "190 veces" su precio real en 2010, y condicionadas al desarrollo de planes urbanísticos. Además de achacar parte de la responsabilidad a José Luis Pego aunque él en aquel momento ni siquiera era director general y su cargo en la entidad se ceñía a la división de estrategia, el auto llama la atención por vincular a Tasagalicia, la tasadora encargada de los estudios de las garantías hipotecarias, con Caixanova. A la firma le reprocha, al igual que lo hacen los peritos del Banco de España, "métodos de valoración incorrectos". Algo que tampoco es nuevo porque de hecho Tasagalicia fue sancionada por el regulador y condenado en la Audiencia Nacional por sus estudios desfasados para el ladrillo de Caixa Galicia, que era la dueña, y no Caixanova, precisamente de Tasagalicia.

De la Mata insiste en varias ocasiones a lo largo del escrito en "la absoluta falta de diligencia de los directivos" que participaron en la operación y da por hecho que eran conscientes de "los exceso de tasación" de Tasagalicia. "Las acciones de los imputados no pueden ser interpretadas como el resultado de meros actos de deslealtad con el patrimonio administrado, como el fruto de decisiones equivocadas en el ámbito de la administración que les incumbía, o con el juego de expectativas que no se cumplen", señala, para a continuación tildar el supuesto plan de "un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad".

Este es uno de los casos que el FROB llevó a Fiscalía tras encargar un forensic a las entidades nacionalizadas, que en NCG cayó en manos de la que fue la auditora de Caixa Galicia. De los casos heredados de la gestión de José Luis Méndez no se ha sabido nada hasta ahora, pese a que ha transcendido la investigación con Astroc y un posible daño de más de 300 millones de euros. El ex director general de la entidad coruñesa se libró también de dar explicaciones del cobro de 12 millones cuando se jubiló tras dejar una caja quebrada, como detectó el Banco de España.