Después de la letanía judicial que Sargadelos tuvo que pasar primero por el concurso de acreedores que solicitó en abril de 2014 y del que salió en febrero de 2016, y después con los problemas con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anulado definitivamente por el Supremo este año, la mítica empresa gallega vuelve a dirimir su futuro en los tribunales, esta vez por la polémica que estalló el pasado viernes tras conocerse la decisión de despedir a 49 personas de la fábrica de Cervo (Lugo) y la amenaza del cierre de la planta. El consejero delegado, Segismundo García, culpó directamente a "la presión sindical" ante los movimientos de los representantes de la plantilla por la diferencia salarial entre el personal antiguo y los empleados que están entrando ahora. Ese mismo día se cesó a 10 efectivos. Ayer a otros dos. Aunque la situación podría revertirse. El problema está en cómo. García vinculó ayer, según alertó UGT, la marcha atrás en los despidos a que el personal se posicione contra Rogelia Mariña Pernas, delegada de personal y a la que Sargadelos tuvo que readmitir por orden judicial tras mandarla a casa.
"Es un claro chantaje y coacción que no permitiremos", reprocha Pedro Blanco, abogado de UGT, en referencia al manifiesto que, según el sindicato, fue elaborado por el propio Segismundo García y en el que se insta a los trabajadores a pedir la dimisión de Mariña en el comité. A ella ayer la empresa le obligó a coger un permiso retribuido. Rogelia Mariña, según confirman fuentes de UGT, firmó que no estaba conforme con él. La intención es pedir al juzgado que tome medidas cautelares ante este movimiento de la compañía "ante semejantes ataques".
UGT acaba de solicitar a Sargadelos que ponga en conocimiento de los representantes de los trabajadores toda la información relativa a los despidos ya realizados y los previstos. Según los asistentes a la reunión del pasado viernes, García habló de 49 y de la incapacidad del resto para asumir los encargos pendientes. De ahí la advertencia de la clausura de la factoría luguesa.
Aunque la Xunta estará "expectante" a lo que suceda, su delegado en Lugo, José Manuel Balseiro, rechaza que la solución "pueda venir de la administración pública". "Es una gran preocupación", asegura. También lo es para el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que hace una llamada al entendimiento entre ambas partes para lograr un consenso.
