Un trabajador en Galicia que llega hoy al final de su vida laboral se va a casa con una pensión que ronda los 1.138,3 euros. Las bajas de pagos por fallecimiento se mueven alrededor de 790,6 euros. En ambos casos se trata de cuantías medias. Hay evidentemente prestaciones muchísimo más bajas y también bastantes más elevadas. Pero la diferencia entre las dos refleja muy bien la evolución del empleo en los últimos 25 años, empañada por la crisis y sus efectos en el mercado de trabajo. Frenó en seco el récord de ocupación y condenó a muchos mayores a vivir sus últimos años de cotización en el paro. Por eso también la reducción lógica -porque cada vez trabajaba más gente y durante más tiempo- en el número de pensiones no contributivas ya no es tan importante. Todavía fallecen más personas beneficiarias que los nuevos que entran a cobrarla, pero la cantidad de solicitudes se mantiene fuerte con más de 400 al mes en la comunidad. En muchos casos no es suficiente y existe la posibilidad de recibir una ayuda para poder pagar el alquiler. En eso no hay tregua. El número de gallegos con pensiones no contributivas y un complemento para el arrendamiento se multiplicó por seis en una década.
En 2008 eran 360. En 2017 alcanzan los 2.121. El extra para el alquiler entre aquellos gallegos que cobran las pensiones más bajas rompió la barrera de los 2.000 beneficiarios en 2015, cuando empezó a notarse el encarecimiento de los precios, y en 2016 marcó su máximo de 2.313 ayudas concedidas. Todas con 525 euros en un pago único anual, lo que supone algo menos de 44 euros para abonar el recibo cada mes. Hay que tener reconocida una pensión no contributiva, carecer de vivienda en propiedad y no ser pariente del dueño, figurar como titular del arrendamiento y habitarla, al menos, desde 180 días antes de la solicitud.
El montante total de las ayudas en Galicia en 2017 ascendió a 1,113 millones de euros. En el conjunto del país hay concedidas 24.716, con un coste de cerca de 13 millones de euros, según los datos publicados por el Imserso.
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De las 121 peticiones denegadas el pasado ejercicio, el principal motivo de rechazo (42) fue el tiempo mínimo de residencia, esos 180 días. Otros 23 no eran titulares de una prestación no contributiva, 18 no tenían el contrato a su nombre, 15 no vivían realmente en una vivienda alquilada y 12 disponían de piso propio, entre otras razones.
Es fácil suponer el desahogo que el complemento de alquiler supone para estas personas. El importe, de nuevo medio, de una pensión no contributiva en Galicia es de 373,1 euros, la cuarta más baja del país. Las de invalidez se sitúan en 397,7 euros y las de jubilación en 358,1 euros, con 14.819 y 24.384 beneficiarios, respectivamente. En total, hasta junio, había 39.202 prestaciones en vigor. Al cierre del pasado año eran 39.564. En comparación con 2005, el año hasta el que llegan las estadísticas oficiales, se han reducido un 26%.
Durante todo este tiempo, este tipo de prestaciones ha ido reduciéndose paulatinamente, con caídas anuales incluso por encima de las 1.000. Hasta ahora. Con todo lo ocurrido con la crisis y el desempleo, el ritmo ha bajado y cada mes en este 2017 se están presentando más de 400 solicitudes para nuevas altas. En junio estaban pendientes de revisar todavía 2.017.
No todas reciben el visto bueno. Se rechazaron 800 en la primera mitad del año en Galicia. Siete de cada diez (434) por tener más recursos económicos de los fijados y otras 377 por no llegar al grado de discapacidad en la prestación por invalidez.
