Se habla mucho de conciliación, pero, ¿por qué? ¿Existe un verdadero cambio de mentalidad en la sociedad para acortar el horario laboral y dejar espacio a la vida personal? Las administraciones se han lanzado a promulgar medidas de apoyo para que los trabajadores, especialmente los suyos, puedan equilibrar lo uno con lo otro, y mandar, de paso, un mensaje al sector privado. A la economía le va el futuro en ello. La falta de tiempo es uno de los grandes aliados del invierno demográfico. Sin políticas que incentiven la conciliación no habrá recuperación posible de la población y, por tanto, relevo generacional para el mercado laboral y cotizantes que paguen las cada vez más numerosas pensiones. Lo sabe perfectamente Galicia, uno de los territorios más afectados por la pérdida de jóvenes -casi 140.000 menos que en 2002- y por el envejecimiento -una cuarta parte de los residentes supera los 65 años-, con el riesgo, como la propia Xunta reconoce en su plan estratégico hasta 2020, de convertirse en un territorio sin relevancia económica. Tampoco aquí las medidas de apoyo a los trabajadores funcionan como deberían. Solo dos de cada diez trabajadores con cargas familiares pueden flexibilizar o coordinar su horario para poder atender a sus hijos. Y lo peor es que el número sigue bajando.
En 2017 había en Galicia algo más de 206.152 hogares en los que vivían niños de hasta 12 años. Del total, en 126.000 ambos progenitores estaban ocupados. En 61.800 lo estaba uno de los dos. Otros 15.000 estaban formados por parados y 3.200 por inactivos, según el reciente informe del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre conciliación.
Con los datos de los que están empleados, sea en plantilla de una empresa o como autónomos, los problemas para compatibilizar vida laboral y personal son más que evidentes. Pueden hacerlo 83.800 trabajadores gallegos, apenas dos de cada diez. En 2012, cuando el IGE realizó el anterior estudio sobre este tema, eran 84.300. Un descenso, por tanto, del 0,6%. Puede parecer una caída no demasiado fuerte, pero el hecho de que exista una reducción cuando más se apuesta en teoría por la conciliación ya es un problema. Y porque, además, teniendo en cuenta el total de padres que hay en esta situación, la bajada en estos últimos cinco años es mucho mayor: en 2012 adaptaba su jornada para el cuidado de hijos el 30,1% del conjunto de padres trabajadores en Galicia y en 2017 el 21,6%.
Las diferencias por sexo también son muy elocuentes. Son 47.600 mujeres (23,4%) y 36.200 hombres (19,6%), tras una caída en el caso de ellos del 3,7%.
Las reducciones de jornada por estos mismos motivos ascendieron el pasado año en la comunidad a 39.470 después de un notable ascenso del 31% en comparación con 2012. Sin embargo, teniendo en cuenta otra vez el global de padres con menores de 12 años que había entonces y hay ahora, la evolución es casi imperceptible: uno de cada diez entonces y uno de cada diez de nuevo en 2017. Las mujeres son de largo las que más reducciones acumulan, el 76% de todas, según los datos recogidos por el IGE.
Hay 86.000 familias gallegas que necesitan ayuda para atender a los niños si un día no acuden al colegio y 93.300 si ese día se convierte en varios. Otras casi 26.000 tienen problemas para llevarlos hasta la parada del transporte escolar o directamente al centro y cerca de 73.000 cuando llegan las vacaciones.
A más ingresos en la familia, más necesidad de recurrir a ayuda. Algo que, muy probablemente, tiene que ver con las responsabilidades de los padres en su trabajo o la duración de sus jornadas laborales. En los hogares con menos de 1.500 euros al mes, el 23,8% no puede atender todo el tiempo a los niños y buscan el apoyo de alguien una media de 13,5 horas. En los de más de 4.000 euros mensuales, demanda ayuda más del 59%, unas 20,2 horas.
Es por eso que los abuelos se han convertido en una pieza fundamental de las familias con menores. Más del 70% echa una mano, sobre todo cuando los niños enferman y el periodo sin poder ir al colegio se alarga. Su respaldo permite muchas veces no tener contratar a nadie. De hecho, el número de familias que reciben ayuda para los hijos de personas que no son miembros del hogar disminuyó desde 2012 un 22%, hasta los 15.000.
