Muy fuera ya del plazo marcado por el Tribunal Supremo para cumplir su sentencia de junio de 2014 que avaló el derecho de las empresas eléctricas a recuperar lo pagado en impuestos autonómicos al sector el año anterior, el Ministerio para la Transición Ecológica parece que ahora sí activa la cuenta atrás a la subida del recibo. Así se devolverá el dinero. A cargo del consumidor y en función de la cantidad de tributos que existan en su zona. Se intuía que Galicia sería una de las comunidades más afectadas porque es también una de las que tiene mayor presión fiscal directa e indirecta a las actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico. La propuesta de orden para fijar los llamados suplementos territoriales establece que hay que recaudar aquí casi 38 millones de euros. ¿A cuánto toca por cada consumidor? Una media de 15,75 euros -dependerá de la potencia contratada- repartidos en algo más de 1,3 euros al mes. Ninguna otra región llega a tanto. Lo más parecido son los 31,2 millones de Castilla y León (13,8 euros anuales por cliente).

Para calcular la cuantía de Galicia el ministerio dirigido por Teresa Ribera ha tenido en cuenta el canon eólico, el impuesto sobre el daño ambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada (la tasa a las hidroeléctricas) y la parte correspondiente al sector del canon de saneamiento. El total abonado asciende a 34,7 millones de euros, a lo que hay que añadir los intereses generados por el enorme retraso en la aplicación del fallo del Supremo: 2,970 millones de euros. Después de la negativa férrea inicial de la Xunta a suministrar los datos necesarios sobre la recaudación de sus impuestos para así estimar los importes, la orden en fase de consulta pública reconoce que Galicia "ha aportado información" de los cuatro gravámenes.

Por detrás de Galicia y Castilla y León, la cuantía a imputar oscila entre los 0,05 euros en todo el año en la Comunidad Valenciana y los 7,69 euros de Cantabria. Solo Canarias y País Vasco se libran de los recargos a los consumidores. El Ministerio para la Transición Ecológica ha cruzado los datos llegados desde las autonomías con los aportados por los propios promotores que desembolsaron el dinero.

Durante 2013, al amparo de la batería de medidas para combatir el déficit tarifario -la diferencia entre lo que cuesta el servicio eléctrico y lo que se ingresa por la factura-, el Gobierno de entonces hizo obligatorios los suplementos territoriales, hoy de nuevo opcionales en función de lo que decida el Gobierno en cada momento. Pero no se cobraron y el Supremo dio la razón a las empresas que denunciaron la situación. El alto tribunal considera los impuestos "un sobrecoste" que deben asumir los consumidores de cada territorio para no dañar la unidad de mercado y perjudicar a los clientes de otras autonomías sin este tipo de tributos.