El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determina hoy, a partir de las 11:00 horas, si la industria naval española y el Tribunal General europeo tenían razón: que el viejo tax lease, un sistema de arrendamiento fiscal utilizado por astilleros españoles para la contratación de barcos hasta 2011, era legal. Que "la Comisión actuó erróneamente al constatar [...] la existencia de una ventaja selectiva y, por tanto, de una ayuda estatal". Así lo sentenció la justicia europea en diciembre de 2015, un fallo contra el que la Comisión interpuso recurso.

Bruselas se enfrenta al Reino de España, Bankia, Aluminios Cortizo, Lico Leasing y Pymar. El recurso planteado por Bruselas pretende demostrar que la industria de construcción naval creó un sistema que no solo abarató los costes de los buques vulnerando las leyes comunitarias, sino que permitió la entrada selectiva de inversores para aprovecharse de ventajas fiscales. "Las ayudas litigiosas no son de pequeña cuantía. Los socios de las AIE (agrupaciones de interés económico) obtuvieron íntegramente las ventajas fiscales examinadas en la decisión, que fueron de gran cuantía", dice textualmente el recurso.

Aunque el TJUE vuelva a dar la razón a la industria, fuentes jurídicas descartan que se pueda decretar algún tipo de compensación por las cuantiosas pérdidas sufridas por el sector como consecuencia de la investigación sobre el tax lease, primero, y de su anulación, después.