Para un conductor de Pontevedra, llenar el depósito medio de un coche diésel (55 litros) costaba ayer algo más de 69 euros; a uno de Zamora, 65. Claro que Castilla y León no aplica el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH, comúnmente como céntimo sanitario), con el que Galicia grava el consumo de los carburantes con 4,8 céntimos por litro. Exactamente igual que Comunidad Valenciana. Pero allí, y también ayer, el mismo producto y en la misma cantidad se pagaba a 66,7 euros, una diferencia de cuatro céntimos. No existe un motivo aparente que justifique este sobreprecio, que ayer admitió el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada. "No es normal". De hecho puso una cifra sobre la mesa: antes de impuestos los gallegos pagan 30 millones más al año que la media. Ayer CNMC y Xunta aprobaron un protocolo para ponerle remedio, seis años después de la primera denuncia del Ejecutivo autonómico.
El objetivo es "sacudir la estructura del mercado" porque, a juicio de Marín Quemada, "hay pocos operadores" y éstos son "coincidentes" por provincias. Atribuyó así el problema al excesivo peso de las principales distribuidoras y a la escasa penetración de cooperativas, gasolineras automáticas y estaciones de servicio de hipermercados. Faltan puntos de venta, justo lo que hace una semana negó la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes). Para esta patronal hay suficientes gasolineras y la culpa del sobreprecio es del céntimo sanitario, aunque la estadística -Galicia es más cara que las demás autonomías que aplican el mismo gravamen- le quite la razón. Y ahora también Competencia. De acuerdo a los datos desgranados ayer por Marín el peso de las gasolineras de cooperativas y en grandes superficies en Galicia es de un 5%, frente al 15% de media nacional; un 1,5% de automáticas en la comunidad gallega frente al 5% estatal; y el 76% de las abanderadas (grandes marcas) frente al 68% en el conjunto de España.
"Estos precios reflejan que en Galicia existen problemas relacionados con la falta de competencia", dijo explícitamente la CNMC en un comunicado. Lo ratifica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el mismo informe con el que la patronal negó el pasado miércoles que falten gasolineras. En la comunidad hay 625 estaciones de servicio, a razón de una por 4.333 habitantes. Está por debajo de la media de España, con un surtidor para 4.930 personas. Pero, aun siendo pocas, tampoco justifican el precio de los carburantes. En Extremadura hay 2.769 estaciones de servicio por habitante; ayer el litro de gasóleo se pagaba en Cáceres a 1,21 euros el litro, frente a los 1,25 euros de Pontevedra. "Es un problema muy grave", indicaron fuentes de la CNMC. "Llevamos dos años trabajando mano a mano con la Xunta, era preciso disponer de datos concretos". Las mismas fuentes destacaron el perjuicio específico "para las personas de renta más baja" y las empresas "que se planteen instalarse en Galicia".
La normativa actual impide a los operadores petrolíferos incrementar el número de sus instalaciones cuando tengan una cuota de mercado superior al 30% en cada provincia gallega. El último informe del Consello Galego de Competencia (2014) era elocuente: las estaciones de Grupo Repsol tenían entonces una cuota de mercado del 44,4% en Galicia, frente al 17,9% de Cepsa, el 8,9% de Galp, el 4,4% de Shell y el 15% de independientes. En Pontevedra, por ejemplo, la cuota de Repsol (con Campsa y Petronor) era del 49,5%.
Más gasolineras
La Xunta quiere resolver este problema -además de con un protocolo con la CNMC, único en España- con una modificación legal que elimine trabas a la instalación de nuevas gasolineras, principalmente de cooperativas, hipermercados y automáticas. Se dará "un paso más dentro de las facilidades" para emprender esta actividad, como concretó el conselleiro de Economía, Francisco Conde. El protocolo contempla una guía de buenas prácticas que la Xunta prevé publicar "en las próximas semanas" y que tratará de "concienciar" tanto a la Administración autonómica como a los ayuntamientos, para que "no se incluyan restricciones" en los trámites burocráticos precisos para abrir una nueva gasolinera. El convenio de colaboración también contiene medidas de información para los usuarios sobre los precios y la calidad del producto, un seguimiento de las condiciones contractuales a las que se deben atener los operadores y una "radiografía clara" que con periodicidad trimestral aportará la CNMC al organismo que vela por la competencia en Galicia.
