La "facturación aparente" entre Pescanova SA y empresas instrumentales creadas para obtener financiación bancaria se estiró hasta el día antes de que el consejo de la multinacional fuese incapaz de aprobar las cuentas y se viese forzada a pedir el preconcurso. Así lo han puesto por escrito tres de los testaferros imputados -Camilo Rodríguez, Javier Fernández Corujeira y Francisco Javier Retamar- en su escrito de defensa presentado en la Audiencia Nacional, que coincide además con el relato de hechos del auto de apertura de juicio oral. "Esta operativa -de ventas ficticias- continuó hasta el 27 de febrero de 2013, fecha a partir de la que por parte de Pescanova no se hizo ingreso alguno, por lo que no se podían atender por las sociedades los pagos bancarios ni los fiscales". El día siguiente Manuel Fernández de Sousa trató de aprobar unas cuentas anuales con beneficios de 36,6 millones (falsos), pero no pudo.
Con Pescafina, la principal trader entonces del grupo, estas prácticas fueron más allá. Según el juez José de la Mata, "en mayo de 2013 esas las ventas ficticias alcanzaban ya 84,7 millones de euros, un 32% de todas las ventas de la sociedad, si bien una vez hecha pública la situación del Grupo Pescanova, Pescafina hubo de anular facturas de venta a esas sociedades por 60,5 millones de euros". En total, y desde 2007, la multinacional pesquera emitió facturas de venta inventadas por unos 3.000 millones de euros.
Según su escrito de defensa, los administradores de esa red de empresas instrumentales aseguran desconocer las irregularidades. "Su única función era contabilizar las facturas de compra y las de venta y tomar nota de los datos que les proporcionarían para cubrir los pagarés". Irán a juicio por falsedad en documento mercantil y estafa.
