El Ministerio de Fomento fijó ayer los servicios mínimos a Ryanair durante la huelga de personal de cabina del 25 y 26 de julio, que ha llevado a la aerolínea irlandesa de bajo coste a anular 600 vuelos en Europa, 400 de ellos en España. El ministerio que dirige José Luis Ábalos indicó que los servicios mínimos buscan "compatibilizar el interés general de los ciudadanos", en plena temporada alta turística, "con el derecho de huelga de este colectivo de trabajadores".

El Gobierno exige concretamente que Ryanair garantice el 100% de los vuelos domésticos a los archipiélagos de Baleares y Canarias, así como el 59% de los vuelos internacionales y a ciudades españolas sin alternativa de transporte inferior a 5 horas. En el resto de vuelos, el ministerio impone otro 35% de servicios mínimos.

La aerolínea irlandesa "deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que estos servicios esenciales se presten en las condiciones habituales (...) salvaguardando en todo momento la seguridad". La aerolínea ha cifrado en 75.000 los afectados en España durante las jornadas de huelga. Eso sí, no ha ofrecido una relación de los 400 vuelos cancelados. En Galicia opera a través de Peinador (Vigo) y Lavacolla (Santiago). En este sentido, Facua-Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han presentado un escrito dirigido al Ministerio de Fomento en el que se le insta a multar a Ryanair por dar información incorrecta a los pasajeros sobre sus derechos. Las organizaciones acusan a la aerolínea de intentar que los afectados por la huelga no reclamen las compensaciones de 250, 400 y 600 euros que fija el reglamento europeo ni tampoco indemnizaciones por los perjuicios económicos sufridos.

Anulada

Por otra parte, los sindicatos CC OO, UGT y USO y la patronal de empresas de handling (servicios de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros), Aseata, alcanzaron ayer un acuerdo que evitará una huelga en todos los aeropuertos a partir del 29 de julio. El pasado viernes, las centrales anunciaron su intención de convocar un paro general de más de 60.000 trabajadores. En el marco de la reunión que mantuvieron ayer ambas partes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), éstas han acordado firmar el próximo 30 de septiembre el IV Convenio colectivo.