El 17 de diciembre de 2015 el Tribunal General de la Unión Europea determinó que el antiguo sistema de arrendamiento fiscal ( tax lease) utilizado por astilleros españoles para la contratación de barcos hasta 2011 era legal. Que "la Comisión actuó erróneamente al constatar [...] la existencia de una ventaja selectiva y, por tanto, de una ayuda estatal". Que los argumentos de la patronal holandesa eran erróneos porque no se distorsionaba la libre competencia. Que el excomisario Joaquín Almunia, alma máter de la investigación sobre el viejo tax lease -y desde entonces persona non grata en Vigo- se había equivocado, dejando en el dique seco a buena parte de los astilleros españoles y privándolos de contratos por 2.500 millones de euros. Pese a este revés judicial Bruselas presentó recurso para insistir en su ilegalidad, y ya hay fecha para el pronunciamiento final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Será el 25 de julio, Día de Galicia.
Así lo ha trasladado a las partes el secretario del tribunal, según pudo constatar FARO, para un pronunciamiento a las 11:00 horas en la capital de Luxemburgo. La Comisión Europea se enfrenta al Reino de España, Bankia, Aluminios Cortizo, Lico Leasing y Pymar. El recurso planteado por Bruselas pretende demostrar que la industria de construcción naval creó un sistema que no solo abarató los costes de los buques vulnerando las leyes comunitarias, sino que permitió la entrada selectiva de inversores para aprovecharse de ventajas fiscales. "Las ayudas litigiosas no son de pequeña cuantía. Los socios de las AIE (agrupaciones de interés económico) obtuvieron íntegramente las ventajas fiscales examinadas en la decisión, que fueron de gran cuantía", dice textualmente el recurso.
Selectividad
"La posibilidad de que cualquiera pueda ser, en principio, socio de una AIE no transforma en general a una medida que se otorga solamente a empresas activas en un sector de actividad muy determinado", añade el texto, firmado por los letrados Vittorio Di Bucci, Petra Nemeckova y Eric Gippini Fournier. La intención de Bruselas pasa no solo por volver a juzgar el viejo tax lease, remitiendo el caso de vuelta al Tribunal General, sino también condenar en costas al naval español y los inversores.
Aunque el TJUE vuelva a dar la razón a la industria, fuentes jurídicas descartan que se pueda decretar algún tipo de compensación por las cuantiosas pérdidas sufridas por el sector como consecuencia de la investigación sobre el tax lease, primero, y de su anulación, después. "No hay ningún mecanismo de resarcimiento, existe el deber de soportar los errores de la Comisión", explica el abogado vigués Antón Beiras, experto en este sistema fiscal y letrado de una de las partes. La vista previa se celebró el 1 de marzo, y los abogados españoles salieron "bastante optimistas" de la cita. Pymar ha solicitado la condena en costas a la Comisión Europea, lo mismo que el representante legal del Reino de España. Cuatro años después del revés de Competencia los astilleros gallegos se han colocado como los segundos con más nuevos contratos de la Eurozona, y cerraron 2017 con pedidos por más de 500 millones de euros.
