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Las patronales sectoriales acusan a Fontenla de querer "expoliar" la CEG por repartir las subvenciones

Las provinciales ingresarían 40.000 euros anuales si prospera esta iniciativa - Pontevedra exige 90.000 euros por "deuda histórica"

La propuesta de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) de dividir y repartir entre las entidades provinciales las subvenciones públicas ha airado a buena parte de los miembros de la junta directiva. No solo a los representantes de Pontevedra y Ourense, que ya han evidenciado su rechazo, sino también a las patronales provinciales. "Lo que pretenden hacer es un expolio de la confederación", clama el expresidente de la CEG y representante de las empresas de formación de Ourense, Antonio Dieter Moure. La iniciativa, anticipada por FARO, figura en el informe de auditoría de las cuentas de 2017, que quedaron sin firmar en la última reunión. Según Dieter, que aguantó apenas nueve meses en el cargo, todas las sectoriales rechazan un planteamiento que amenaza con "vaciar" las cuentas de la principal organización empresarial gallega. "Ya lo habían intentado en febrero, pero quedara en stand-by". Esta división de fondos públicos ascendería a unos 40.000 euros para cada entidad provincial, según ha podido saber este periódico.

Es la penúltima piedra con la que se ha topado la patronal gallega, extraviada en una crisis interna que ya dura casi cuatro años, durante los que han pasado tres personas (José Manuel Fernández Alvariño, Dieter Moure y Antón Arias) por la presidencia. Y de momento no habrá una cuarta porque, a falta de alguna "sorpresa", nadie se postulará hoy para asumir el cargo. A las 14:00 expira el plazo para la presentación de candidaturas para las elecciones, que se celebrarán el próximo día 20. Dieter coincide con el patrón de Pontevedra, Jorge Cebreiros, en la necesidad de un consenso. "Tiene que haberlo, y a esta hora nadie ha hablado con nadie". El ourensano no cree que se vuelva a producir un escenario como el de enero de 2017, cuando la patronal de A Coruña -con Antonio Fontenla al frente- se saltó el pacto e inscribió como aspirante a presidente a Arias a diez minutos de que expirara el plazo y sin avisar a sus colegas. En otras asociaciones consultadas por FARO no existe esta seguridad.

"Liga norte"

En el seno de la confederación atribuyen a la "liga norte" -en alusión a Fontenla y Jaime López, de Lugo- la propuesta de dividir y repartir las subvenciones. "Nosotros ya hemos dicho y votado que no estamos de acuerdo. Consta en actas", zanja Cebreiros. De prosperar la propuesta supondría dejar al margen a las sectoriales, que ya demostraron hace dos años con Dieter que tienen músculo para sentar a uno de los suyos al frente de la CEG. Pese a las malas relaciones de estas organizaciones con Pontevedra -llevaron sus últimas elecciones al juzgado- y Ourense -Dieter fue el rival de José Manuel Pérez Canal-, la "jugada" de Fontenla acabó por reconciliarlos. Incluso sembró una alianza entre Alvariño y uno de sus quebraderos de cabeza, Dieter Moure. Eso sí, las diferencias entre las sectoriales y las provinciales nunca se han limado por completo.

La patronal de Pontevedra ha reclamado, por ejemplo, que la CEG le abone unos 90.000 euros en concepto de "deuda histórica", acumulada entre los ejercicios 2008 y 2013. "Durante muchos años las provinciales hemos aportado personas y recursos a participar en el Consello Económico y Social y en el gallego de Relacións Laborais sin que la CEG pagase esos gastos, a pesar de que sí cobraba dietas. La junta directiva está enterada desde enero y así consta en actas", apuntan desde la CEP. Esta reivindicación no contará con el respaldo de las sectoriales, que rechazan tanto el reparto de subvenciones, el reconocimiento de esta deuda y la condonación de cuotas. "Tenemos que hacer frente a una hipoteca, a la sentencia del Pexga... Si repartimos, ¿con qué vamos a pagarlo?", se preguntan otras fuentes de la patronal gallega. Más voces de la CEG incluso reivindican la "necesidad" de pedir responsabilidades tras el fallo del programa Pexga, que obligará a la confederación a devolver a la Xunta entre 480.000 y 500.000 euros por el uso indebido de fondos públicos.

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