Tras doce meses de seguimiento en los precios de los carburantes en Galicia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima ya la elaboración de las conclusiones con las que deberá dilucidar por qué los usuarios gallegos pagan el gasóleo y la gasolina más caros de España. Según ha podido saber FARO, el regulador prevé divulgar los resultados e iniciar una investigación antes de que finalice el verano. Con ellos determinará si el sobreprecio en los combustibles, que restan competitividad a la economía, se deben o no a prácticas irregulares entre las operadoras como la existencia de acuerdos para pactar precios.
En el caso de detectar anomalías en el funcionamiento del mercado, el regulador tendría que iniciar la apertura de un expediente sancionador, como el que ya llevó a cabo en el año 2015 contra cinco operadoras y que se saldó con unas multas por valor de 32,4 millones de euros. En la puesta en marcha de aquella investigación fue clave el papel del Consello Galego da Competencia (CGC). El organismo autonómico dio la voz de alarma por los elevados precios del combustible en Galicia ya en 2012 y acordó la posterior apertura de un expediente que fue finalmente remitido a la CNMC, que incorporó estas pesquisas del ente gallego a su investigación.
Ahora, seis años después de que el regulador gallego pusiese sobre la mesa el sobreprecio en los carburantes -pese a que Galicia cuenta con una de las diez refinerías del país-, la CNMC da el primer paso para resolver el misterio de los carburantes gourmet. El organismo lo hará después de que su presidente, José María Marín Quemada, se comprometiese a hacerlo en una reunión que mantuvo en mayo del año pasado con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El líder del Ejecutivo autonómico había acusado a las operadoras "de acuerdos para vender el gasoleo un 5% más caro" que en el resto del Estado. Feijóo descargaba toda la responsabilidad del sobreprecio a unas supuestas prácticas anticompetitivas que, a su juicio, tendrían un impacto mayor sobre el importe final que se paga en las estaciones de servicio que el Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), el llamado céntimo sanitario.
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Galicia eleva el tramo autonómico de este tributo hasta el máximo permitido -4,8 céntimos el litro, con su posterior impacto sobre el IVA- como lo hacen otras comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía, pero, sin embargo, afronta una factura por carburantes más elevada que todas ellas. Tan solo en Baleares (con una tarificación especial por ser insular) se paga más por unos combustibles que en Galicia cotizan un 3% más caros que la media estatal en el caso del diésel, y un 1,6% en la gasolina. La diferencia incluso se ha llegado a disparar hasta el 5% a lo largo del año pasado, momento en el que Competencia inició el proceso de seguimiento diario de los precios en la comunidad.
La Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) ha culpado al céntimo sanitario de provocar el desvío de vehículos pesados hacia estaciones de Castilla y León -que no desarrolla su tramo autonómico de este gravamen-, reduciendo así la demanda de las estaciones de servicio gallegas y obligando a una subida de precios para poder seguir siendo rentables.
