Sábado, 6 de abril de 2013. Manuel Fernández de Sousa, todavía presidente de Pescanova, escribe a un confidente: "Aún no pasé el umbral de que se sepa la realidad de nuestro balance". No se destaparía el grueso del problema hasta meses después, con el informe forensic de KPMG; la realidad ha aflorado ahora, cinco años después de la solicitud de concurso, con el auto de apertura de juicio oral emitido por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El documento judicial, con el que envía al banquillo a 19 exconsejeros, exdirectivos y la auditora BDO, fue anticipado ayer en exclusiva por FARO y recogido después por toda la prensa nacional. El magistrado reclama a los acusados penas que suman 164 años de prisión, multas de 33 millones de euros y fianzas por responsabilidad civil de otros 760. Auto que constata que Pescanova falseó sus cuentas desde al menos 2009 con una "perfecta estructuración" de prácticas fraudulentas "siempre bajo el control último del presidente Manuel Fernández de Sousa". Así, prosigue el auto, "decidieron ejecutar prácticas irregulares [...] para seguir obteniendo financiación". Entre ellas la creación de una red de empresas instrumentales con las que se emitieron facturas falsas por más de 3.000 millones de euros.
Estas compañías -dieciséis en total, casi todas creadas el mismo día- "actuaron como supuestos clientes y proveedores con el fin de generar facturación ficticia susceptible de descuento bancario y contabilizar resultados inexistentes". De acuerdo al escrito de acusación del fiscal Juan Pavía, suscrito íntegramente por el magistrado instructor, la "facturación ficticia" arrancó en 2007 con más de 68 millones de euros de pescado virtual, y se mantuvo año a año hasta superar los 650 millones en 2012. Era una operativa de compra y venta de productos que nunca entraron o salieron del almacén, pero que permitió a Pescanova obtener liquidez cuando el afán inversor con el que se expandió por medio mundo le salió mal y la banca empezó a sufrir un colapso global. "Este flujo financiero circular -sin movimiento alguno de mercancía- se mantuvo hasta que se conoció la situación de insolvencia" y se extendió a su mayor filial, Pescafina. Solo esta subsidiaria emitió facturas falsas por más de 530 millones en 2011 y 2012.
El escrito del fiscal sostiene que la multinacional "proporcionaba los fondos necesarios a los administradores" de esas empresas instrumentales, y se hacía cargo del IVA o el Impuesto de Sociedades. Los directivos de estas empresas, imputados en la causa, percibían a cambio una comisión. Este extremo ya había quedado probado en la investigación de KPMG, que desveló correos electrónicos elocuentes al respecto. "En lo referente al margen, lo pactado con el Sr. Táboas eran 18.000 euros anuales por sociedad en funcionamiento", escribió en diciembre de 2008 uno de estos hombres de paja, Manuel López, a Ángel González (jefe de Contabilidad). Estos tres nombres figuran entre las 19 personas físicas que deberán sentarse en el banquillo por falseamiento de cuentas anuales, falsedad en documento mercantil, estafa e insolvencia punible.
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Operativa
"En estos momentos hay facturas de Buena Pesca [imputada, junto con su administrador] a Pescafina por 28 millones de euros, que de acuerdo con Pescanova vamos a contabilizar en enero de 2013, tanto la compra como la venta", escribió en otro correo electrónico un directivo de la filial, Luis Vidal, al responsable financiero, Carlos Turci (imputado). "Una manera de generar facturación y margen es que Pescafina contabilice las facturas de Buena Pesca en diciembre de 2012 y al mismo tiempo facturar esta mercancía a un tercero", que sería en todo caso una de las instrumentales creadas por hombres de paja y mantenidas por la multinacional. "Fricatamar no tiene auditores hasta el 11. La semana que viene vemos qué se puede hacer con su stock [...] El objetivo es facturar cantidad suficiente como para generar 10 millones de resultado", remitió Turci a continuación, con copia a Joaquín Viña Tamargo (auditoría interna) y Alfredo López Uroz (administración).
En el auto de apertura de juicio oral José de la Mata expone que "esta práctica era tan evidente que, en el mes de marzo de 2013, tras hacerse pública la situación del Grupo Pescanova", su mayor filial "tuvo que anular facturas de venta a esas sociedades por más de 60 millones de euros que no correspondían a operación alguna". La "dirección última" de toda esta operativa, y así lo repite en varias ocasiones el magistrado, correspondía a Manuel Fernández de Sousa. A él le pide 31 años de prisión, una multa de 22,24 millones de euros (a afianzar en cinco días), además de fianzas solidarias de responsabilidad civil que superan los 323 millones. Solo entre el 1 de enero de 2012 y el 6 de marzo de 2013 Pescanova y dos filiales emitieron 37.783 facturas falsas en procesos de factoring. "Los acusados decidieron de común acuerdo elaborar estados financieros ocultando el importe real de la deuda bancaria y, por ende, la verdadera situación de insolvencia".
La demanda
Aunque el macrofraude de la pesquera atrapó a 109 entidades financieras de todo el mundo solo Bankia se ha personado como acusación en la causa, aspecto sobre el que llama la atención el fiscal. "Las demás entidades financieras firmantes de los contratos de factoring no se han personado en esta causa ni han formulado reclamación alguna". El resto de "partes acusadoras" son inversores minoristas y grandes fondos, algunos de los cuales también tuvieron responsabilidades en la gestión con puestos en el consejo. Es el caso de Iberfomento, cuyo administrador, José Antonio Pérez-Nievas, está acusado de uso de información relevante; Luxempart, que perdió más de 50 millones en la multinacional pesquera y tuvo un consejero (François Tesch) en la empresa hasta la entrada de la banca acreedora en el capital; la cervecera Damm; el fondo Cartesian, que perdió otros 24 millones (y demandó a BDO en un tribunal neoyorkino); y Golden Limit, propiedad de nuevo de Pérez-Nievas. Figura también Antonio Basagoiti García-Tuñón, expresidente de Banesto y exconsejero de Pescanova (1996-2013). Fue el primero en abandonar el barco cuando la compañía empezó a tambalear, ya en preconcurso de acreedores.
Juicio
"La verdad es que nunca imaginé que llegase a estar en esta situación", escribía al mismo confidente Sousa en 2013, ya fuera de la presidencia e imputado por la Audiencia Nacional. "Las instrucciones políticas son de acabar conmigo [...] También me doy cuenta de que no hay ninguna posibilidad de evitar las consecuencias de la quiebra, que será fraudulenta, y que me arrastrará sin duda a la cárcel y la ruina". Según fuentes de la acusación consultadas por este periódico, el juicio no se celebrará previsiblemente hasta mediados de 2019. Contra el auto desvelado ayer por FARO no cabe recurso, aunque sí frente a las responsabilidades pecuniarias (multas y fianzas) establecidas en él. El macrojuicio juzgará la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española, con un pasivo superior a los 3.600 millones de euros.
