"Me doy cuenta de que no hay ninguna posibilidad de evitar las consecuencias de la quiebra, que será fraudulenta, y que me arrastrará sin duda a la cárcel y la ruina". Entre este mensaje de Manuel Fernández de Sousa -enviado a una persona de confianza y avanzado en exclusiva por FARO- y el último auto de la Audiencia Nacional sobre el caso Pescanova han pasado cuatro años, diez meses y 19 días. Por medio, la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española, con 3.650 millones de euros de deuda y 16.000 folios de investigación. El magistrado José de la Mata, sucesor de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción Número 5, emitió este lunes el auto de apertura de juicio oral en el que sentará en el banquillo a 19 exconsejeros, exdirectivos y la auditora BDO. Para todos reclama penas de prisión que suman 164 años y medio, fianzas por multas de 33 millones y otras de responsabilidad civil por 760 millones de euros más. En opinión del fiscal Juan Pavía, cuyas conclusiones son recogidas íntegramente por el magistrado instructor, "los acusados, siempre bajo el control último del presidente Manuel Fernández de Sousa, [actuaron] con el conocimiento y aceptación de los demás consejeros acusados, decidieron ejecutar prácticas irregulares [,,,] para seguir obteniendo financiación". Para engañar a la banca y al mercado.
Porque Pescanova estaba en quiebra ya en 2009, pero desde entonces y hasta 2013 ejecutó dos ampliaciones de capital y tres emisiones de bonos convertibles con balances falsificados con "prácticas contables irregulares". A la cabeza de esta operativa "perfectamente estructurada" estaba el expresidente Fernández de Sousa, para quien el Alto Tribunal reclama las penas más cuantiosas por la comisión de nueve delitos: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes (alternativamente, de blanqueo de capitales), uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor. Por todo ello De la Mata plantea la imposición de 31 años de cárcel y una multa de 22,24 millones de euros, además de fianzas solidarias de responsabilidad civil que superan los 323 millones.
Acusación
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"Para sortear esa situación [de quiebra] y seguir obteniendo financiación externa los acusados [...] decidieron conjuntamente ejecutar determinadas prácticas comerciales irregulares a sabiendas de que con ellas agravaban la situación financiera y patrimonial de la sociedad -y, por ende, su situación de insolvencia-, la cual habrían de ocultar a sus inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador", censura el escrito de acusación de Fiscalía. A saber, créditos documentarios con mercancía inventada, red de sociedades instrumentales con un "fin fraudulento" o líneas de factoring con "facturas inexistentes". ¿Qué consiguió la empresa? Declarar una deuda de 794 millones en 2010, cuando realmente ésta rozaba los 3.000; o comunicar al mercado beneficios de 16 millones un año después, y en realidad los números rojos eran de 300 millones.
Todas las multas solicitadas por José de la Mata deberán ser "afianzadas" de forma inmediata, en cinco días, "bajo apercibimiento de que, de no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente hasta cubrir las sumas fijadas". La decisión del instructor ha sido la de sentar en el banquillo al "equipo de confianza" de Fernández de Sousa. "Eran, junto a él, los máximos responsables de la elaboración de la información financiera y de la contabilidad de la entidad y su grupo de empresas". Solo se ha librado Jesús García, otrora fiel escudero del expresidente de la pesquera y apartado de la causa durante la investigación. No ha corrido la misma suerte el que había ocupado el cargo de consejero delegado de Pescanova hasta 2003, Alfonso Paz-Andrade, a quien el magistrado pide 10 años y medio de prisión y una multa superior a los cinco millones de euros. Al igual que Sousa, el empresario deberá responder de forma solidaria para indemnizar a los fondos que confiaron en la veracidad de las cuentas de Pescanova cuando éstas ya eran un fraude: Luxempart, Damm, Cartesian Capital Group y Golden Limit. Esta última sociedad, curiosamente, es propiedad de otro de los imputados, el exconsejero José Antonio Pérez-Nievas, que dos días antes del preconcurso vendió acciones por 1,8 millones de euros. De haberse deshecho de ellas más adelante habría perdido 1,4 millones, de ahí que se le impute un delito de uso de información relevante con una pena de dos años (que no cumplirá, si fuera condenado, en caso de que no tenga antecedentes).
En el círculo de exconsejeros que irán al banquillo figuran por último un hermano y un hijo de Fernández de Sousa, Fernando y Pablo, respectivamente, que suman una petición de 18 años de cárcel y multas de un millón de euros. El segundo "ocupó importantes puestos de responsabilidad en Pescanova durante el tiempo que sucedieron los hechos y varios años antes", y contra él pesan las acusaciones de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, insolvencia punible. Son, a excepción de la de estafa, las mismas que recaen sobre Fernando Fernández de Sousa. La participación de este último en la gestión de Pescanova siempre ha estado muy difusa, y fuentes del grupo han manifestado a FARO que acudió escayolado a uno de los últimos consejos solo para que su hermano -y presidente- mantuviese la mayoría con la que retenía el sillón de mando. "Estoy solo. Solo me apoyan Pablo y Fernando", escribía Sousa a un confidente en julio de 2013; estas comunicaciones desveladas por FARO fueron incorporadas a la causa al poder ser "objeto de investigación".
Los gregarios
La lista de imputados se engrosa con dos tipos de subordinados de Fernández de Sousa: los que tenían fuertes poderes en la gestión y los que facilitaron o cooperaron en la red de empresas instrumentales. En el primer grupo figuran Antonio Táboas Moure (exdirector del área Financiera), Alfredo López Uroz (Administración), Joaquín Viña Tamargo (jefe de Auditoría Interna y responsable de consolidación), Ángel González (Contabilidad), Alfonso García Calvo (jefe de servicio), José Manuel Gil (empleado del departamento financiero) y Carlos Turci (sucesor de Táboas y director financiero de la filial Pescafina). Para ellos las penas solicitadas oscilan entre un año y medio (para García Calvo) y los diez años de privación de libertad. Las multas en su caso son reducidas, de un máximo de 272.000 euros, pero además figuran como señalados entre los que han de prestar una fianza civil solidaria por importe total de 323 millones.
En el segundo grupo están los administradores de las empresas instrumentales que, dice la acusación, sirvieron para duplicar facturas y crear una red de negocio ficticia para lograr financiación bancaria. Los directivos -de primer rango- "contaron siempre con la total colaboración de los administradores de esas sociedades, todos ellos plenamente conscientes del fin fraudulento de su funcionamiento. Esa red de sociedades se utilizaba a conveniencia para registrar operaciones comerciales irreales con el Grupo Pescanova", expone el escrito del fiscal. Estas compras "se gestionaban mediante un almacén virtual sin movimiento de mercancía, lo que permitía generar facturación ficticia [...] así como registrar en la contabilidad resultados de explotación inexistentes". Los investigados en este caso son Camilo Rodríguez González, Javier Fernández Corujeira, Francisco Retamar Docal, Manuel López Rodríguez y Antonio Casas Salmerón.
A la esposa de Sousa, Rosario Andrade Detrell, el auto plantea una pena de tres años de prisión por un delito de alzamiento de bienes, o alternativamente de blanqueo de capitales, en este caso con una multa de cinco millones de euros. El juez ha ordenado el decomiso de una cuenta a su nombre en Portugal con 4.651.000 euros.
