Los 760.000 pensionistas gallegos arrancaron 2018 viendo cómo, por quinto año consecutivo, sus pagas solo se incrementaban el 0,25%, lo mínimo que permite la ley. Ahora, con la economía manteniendo su ritmo de crucero con crecimientos superiores al 3% y el colectivo redoblando su presión en la calle exigiendo unos incrementos en sus pagas que al menos garanticen que no pierdan poder adquisitivo, el Pacto de Toledo abre la puerta a que las pagas de los pensionistas crezcan al menos tanto como el IPC en épocas de crecimiento económico como la actual.

Todos los grupos con presencia en esta subcomisión parlamentaria se comprometieron ayer a modificar la reforma del año 2011, que condena a las pensiones a alzas del 0,25% cuando el incremento de los gastos y del número de pensionistas aprietan las arcas de la Seguridad Social. La recomendación del Pacto de Toledo, que todavía está pendiente de aprobación, supone echar por tierra el grueso de la reforma de hace cinco años para hacer que las pensiones vuelvan a guiarse por el IPC al menos en los momentos de bonanza económica y se trasladaría en que la pensión media de los gallegos pasaría de revalorizarse en 1,95 euros mensuales este año hasta los 13,3 euros mensuales que se necesitarían para no perder poder adquisitivo.

De salir adelante, la recomendación del Pacto de Toledo daría una nueva vuelta de tuerca a la otra pata de la reforma del año 2013. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año se incluía el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (que reduce la cuantía de las pagas de los nuevos pensionistas en función de lo que se incremente la esperanza de vida) de 2019 a 2023 y una subida ocasional de las pensiones del 1,6% en 2018 y 2019 (en línea con las previsiones de inflación, salvo las mínimas, que lo harían un 3%), que ahora tendría carácter permanente.

El consenso que existe entre todas las formaciones políticas por derribar el tope del 0,25% en momentos de expansión económica se pierde entre la letra pequeña del quién, cuándo y cómo se beneficia de esta reforma y por la ausencia de información sobre qué pasará con las pensiones en momentos de recesión. Mientras PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís defienden aplicar subidas de, como mínimo, el IPC para todos los pensionistas en momentos de crecimiento económico, PP, Ciudadanos y el PDeCAT abogan por blindar las subidas en línea con el IPC de aquellos con pagas más reducidas a costa de limitar las para las más altas en momentos de crisis.

"No se debería hablar de pensiones mínimas o máximas para no confrontar a los pensionistas", argumentó Mercé Perea, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, que deslizó que la recomendación podría cerrarse la próxima semana con un texto en el que también se incluirían las decisiones que se tomen en el seno del diálogo social. Una postura similar a la defendida por la diputada de Unidos Podemos, Aina Vidal, que calificó de "mezquino" el hecho de "poner a los pensionistas a pelearse entre ellos para ver quién se lleva el trocito del pastel".

Por el contrario, el diputado del Partido Popular, José María Barrios, abrió la puerta a elevar las pensiones incluso "por encima del IPC" en momentos de bonanza a cambio de vincular las pensiones más altas a la evolución del PIB o de los ingresos del sistema en épocas de crisis, en línea con el portavoz de empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, que defendió que el"esfuerzo debe recaer en los pensionistas que más ganan". Una opinión también compartida por el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, quien también defendió el ajuste entre las pensiones de mayor cuantía en momentos de crisis a cambio de que esta pérdida de poder adquisitivo se compense en épocas de bonanza.