El Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, "más los daños causados". La reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas.Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.
