El cerco al gasóleo, principal combustible en la automoción, en el camino hacia el nuevo modelo energético que el Ministerio de Energía busca para cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía y la reducción de emisiones contaminantes marcados por Bruselas no se queda solo el los precios para llenar el depósito. Las primeras ideas que se conocieron hace unos días sobre el comité de expertos a los que el Gobierno encargó el dibujo de los escenarios posibles en esa transición apuntaban a un encarecimiento del 28,6% para el diésel y un 1,8% en la gasolina. Se confirma. Así lo recoge el informe entregado ayer al ministro Álvaro Nadal, con el objetivo de dar alas a los vehículos eléctricos. Por eso también los sabios consultados apuestan por reducir un 6,8% el precio de la luz y por "extender ese refuerzo de la señal medioambiental a los impuestos locales afectados". O, lo que es lo mismo, endurecer la presión fiscal a los coches de gasóleo a través del impuesto de circulación.

El transporte, según el análisis, es el "principal responsable" del aumento de los gases con efecto invernadero desde que en 1990 empezaran a medirse. Los expertos son conscientes de que la principal alternativa, la de los vehículos eléctricos, supone un reto importante. Su penetración es todavía reducida y el coste, al igual que la duración de las baterías, condicionará "de modo muy destacado" su evolución. De ahí que apelen a las administrativas a trabajar desde la regulación para fomentar el salto a vehículos eficientes "sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan generar costes no recuperables" y con "especial atención", insisten, al cambio de fiscalidad como "instrumento imprescindible" para facilitar esa transición, según recoge el informe disponible en la web del ministerio.

Uno de los sectores más afectados por la posible nueva política fiscal en los carburantes -que pagan IVA y tramo estatal y autonómico de hidrocarburos- es el transporte. El colectivo pone el grito en el cielo ante "la brutal" subida que recomienda el grupo de expertos. Fenadismer alerta del impacto que tendría para las exportaciones. "Supone -dice la patronal del sector- desconocer la realidad del sector del transporte por carretera".

¿Y qué piensa el propio Ministerio de Energía? Pues que sería "lógico" caminar hacia esa mayor presión fiscal en los combustibles más contaminantes, aunque "de forma gradual", apuntan en el departamento, donde insisten en que el informe plantea varios escenarios posibles para evitar, entre otras cosas, que un objetivo muy bajo en emisiones de dióxido de carbono anime a las empresas a deslocalizarse a otros países con menos requisitos. Pero sin perder el principio de que quien contamina, paga.

Eso sí, para los expertos también hay fecha de caducidad ya en la presencia del carbón en el mix de generación eléctrico español. En 2030. E instan a que el coste de financiar a las renovables no corra a cargo exclusivamente de la tarifa eléctrica, sino de todas las energías, lo que incluye, por ejemplo, el gas natural -para el que se pide un encarecimiento del 5,8%- o los derivados del petróleo. La recaudación serviría, según el comité, para financiar infraestructuras. Como las carreteras, en las que se abre la puerta a instalar los populares sistemas de viñetas: peajes que se pagan con la compra de una pegatina, sin que sea necesario instalar cabinas.

Entre las otras muchas medidas que refleja el informe están la desaparición del llamado "impuesto al sol" o el traslado de los costes del bono social a los Presupuestos Generales del Estado. El mismo comité avisa de que hay colectivos muy vulnerables frente a la transición energética.