Primera sentencia que anula la compra de acciones durante las ampliaciones de capital del Banco Popular. La entidad acabó sumergida en una tremenda crisis hasta que fue comprado por el Santander por el precio simbólico de un euro, con lo que los pequeños accionistas que entraron en la entidad perdieron todo el dinero que habían invertido. El fallo, que firma el juez Eduardo García Valtueña, magistrado del juzgado de Primera Instancia número once de Oviedo.

La sentencia, que presentó esta mañana la Unión de Consumidores que fue quien llevó el caso, recoge también un extenso informe pericial en el que se recoge que en las cuentas de la entidad no era oro todo lo que relucía. Todo lo contrario. Estaban falseadas para dar una apariencia de solvencia que no había.

En concreto, el fallo obliga a la entidad a devolver los 2.281 euros que un asturiano invirtió en 1.500 acciones de la entidad en junio de 2016, los 1.050,70 que desembolsó en otra compra en octubre de ese mismo año y los 1.213 de las 1.500 que adquirió a finales de noviembre. En total, la entidad tendrá que restituir los 5.455,65 euros que había invertido. A mayores, anula la compra de deuda subordinada que el cliente, había comprado en 2011.

En la sentencia la UCE recoge los resultados de un informe pericial elaborado por la firma Posper Lamothe que, según señaló el abogado de los consumidores, José Antonio Ballesteros. En el estudio se asegura que los datos financieros de la entidad se manipularon de forma "burda" para presentar unos datos muy diferente a los reales.

Ballesteros resaltó que la sentencia detalla, siguiendo el citado informe pericial, cómo se manipularon los índices que debían mostrar la situación financiera del banco, y las operaciones que debía de realizar el Santander para reflotarlo.

La UCE asegura que este fallo abre una nueva vía para que los pequeños accionistas puedan reclamar el dinero que habían invertido. Según sus estimaciones en Asturias puede haber unos tres mil afectados.

El portavoz de la agrupación, Unai Alonso, aseguró que después de las vacaciones de Semana Santa, tienen previsto iniciar una campaña para poder reclamar los gastos de constitución de la hipoteca, donde también hay miles de afectados en la región. Según apuntó, ahora se puede reclamar, incluso, la comisión de apertura que las entidades financieras cobraron a los hipotecados por estos préstamos.

También están en plena batalla judicial contra los tipos de intereses abusivos de las tarjetas de crédito.