Unanimidad en el Pazo do Hórreo para atacar el sobreprecio de los combustibles en Galicia. El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad la iniciativa del PSdeG-PSOE en la que se reclaman medidas a la Xunta para que los precios de los carburantes en la comunidad dejen de ser los más caros de todo el Estado. Esta batería de medidas ve la luz casi cuatro años después de que la Xunta presentase un informe a Competencia para solicitar una investigación que todavía no se ha iniciado.

La proposición no de ley de la formación socialista busca reforzar el papel de los organismos supervisores para evitar posibles situaciones de pactos de precios, aunque para poder salir adelante ha tenido que prescindir de su punto más controvertido. Se trata del punto en el que exigía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abriese los expedientes necesarios a las comercializadoras de combustibles, que contaba con la oposición del PPdeG y que ha tenido que ser retirado para que la propuesta fuese aprobada.

Antes que la apertura de investigación a las operadoras, la propuesta aboga por una solución intermedia. En concreto, se busca reforzar la colaboración con la CNMC para paliar este sobreprecio que provoca que los conductores gallegos tengan que dedicar cada año 86 millones de euros más a las compras de combustible que los consumidores del resto de España. "Todo el mundo sabe que hay pactos de precios, pero nadie hace nada, pese a toda la publicidad y todas las fotos que se saca el presidente de la CNMC cuando viene de visita a Galicia" , denuncia Abel Losada, portavoz de Economía de los socialistas gallegos.

Además de reforzar la supervisión del regulador estatal, la iniciativa aboga también porque la comunidad movilice también sus propias herramientas. Se trata del Instituto Galego de Consumo e de Competencia, que desempeña funciones similares (actualmente amenaza a decenas de empresas con posibles multas de 11,6 millones de euros por abusos a clientes), aunque con recursos más limitados. "Es necesario reforzar el papel de este organismo porque en los últimos años se ha recortado un 30% su presupuesto".

La diputada autonómica del PPdeG, Marta Nóvoa, defendió, por su parte, que el problema de este sobreprecio no se encuentra tanto en pactos de precios entre las distribuidoras sino en la "falta de competencia que hay en el sector" y recordó la agilización de trámites impulsada por el ejecutivo gallego para facilitar la entrada de las gasolineras low-cost. Sin embargo, la entrada de nuevos jugadores en las gasolineras gallegas no ha servido para contener la subida de precios en Galicia, que cuenta con los carburantes más caros de la península. El litro de gasóleo se distribuía a 1,217 euros el litro en las gasolineras gallegas, seis céntimos por encima que en el resto de España, en donde se comercializa a 1,156 euros.

El agravio al consumidor gallego no se produce solo en el precio final que recoge el impacto del llamado céntimo sanitario, que en Galicia se aplica en su tope máximo, de 4,8 céntimos el litro de combustible, sino también en su precio antes de impuestos, empatados con Cantabria y País Vasco. Todo ello a pesar de que Galicia alberga una de las diez refinerías instaladas en toda España.

El diputado autonómico de En Marea, Juan Merlo, se sumó al apoyo de la iniciativa impulsada por el PSdeG-PSOE, al demandar políticas que hagan frente a "las desventaja competitivas" que padecen las empresas gallegas por este motivo. También la representante del BNG en el Parlamento gallego, Noa Presas, exigió "mayor concreción y capacidad de acción" ante esta problemática y considera "importante que los instrumentos de control en competencia funcionen".