Desde que las defensas de los cuatro exdirectivos de Caixanova y el abogado asesor condenados a 24 meses por las prejubilaciones empezaron a tramitar los permisos establecidos en la ley para salir de la cárcel, la Fiscalía Anticorrupción dijo que no a todo. Probablemente por eso, en lugar de los escuetos escritos que los jueces de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional suelen emitir para la concesión del tercer grado o, como en este caso, el segundo grado flexible estipulado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por "la normal convivencia" de los reos, José Luis Castro redactó autos de tres páginas para cada uno de ellos en los que justifica la concesión de los permisos y el régimen de semilibertad y rechaza las razones esgrimidas por la fiscal Pilar Melero. A pesar de que el Ministerio Fiscal cuenta con un departamento dedicado a Asuntos Penitenciarios, es la propia Melero, una de las dos fiscales también que llevaron las investigaciones y el juicio posterior a los antiguos altos cargos de la caja, la encargada de recurrir. Lo ha vuelto a hacer con la declaración del grado 2 flexible, con el que Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Ricardo Pradas, siguen siendo presos convencionales, pero con la posibilidad de salir y hacer trabajos en beneficio de la comunidad.

Melero presentó un recurso en la Audiencia Nacional para pedir que los cinco vuelvan a estar encarcelados sin opción de abandonar la prisión. Fue en noviembre. Hace más de un mes. Deja fuera a Fernández Gayoso, para el que el juez de Vigilancia Penitenciaria tuvo en cuenta su avanzada edad y estado de salud. La intención de la fiscal de Anticorrupción es retirar el segundo grado flexible a los otros cuatro, amparándose en que tienen causas pendientes con la justicia, en referencia a las investigaciones abiertas por las supuestas operaciones irregulares detectadas por el FROB en Caixanova durante el informe forensic realizado en todas las entidades nacionalizadas. Algo que llama mucho la atención en el entorno de los exdirectivos, entre otras cosas porque ni Rodríguez Estrada ni Pradas tienen relación con las nuevas investigaciones.

A pesar de que el enorme agujero de Caixa Galicia fue la principal razón de la caída de Novacaixa -varios días después de la fusión, el Banco de España desveló que la caja coruñesa arrastraba un déficit de provisiones de más de 800 millones de euros- y de que también la gran operación que trasladó el FROB a Anticorrupción fue el presuunto perjuicio de más de 300 millones del equipo liderado por José Luis Méndez, su ex director general, con la inmobiliaria Astroc, las principales investigaciones abiertas son solo de Caixanova y algunos de los condenados vuelven a estar imputados.

Esa razón, sin embargo, ya no le valió a Melero para evitar la concesión del grado flexible. El juez de Vigilancia Penitenciaria le recordó la importancia de la presunción de inocencia ante estos nueve casos, teniendo en cuenta además que las operaciones se remitieron a Anticorrupción hace más de dos años. De hecho, FARO ha podido saber que todavía esta semana se ordenaron nuevas diligencias.

La noticia del nuevo movimiento de Anticorrupción hacia los exdirectivos de Caixanova salta a pocos días de que teóricamente comparezcan Gayoso, Méndez y el expresidente de Caixa Galicia, Mauro Varela, en la comisión de investigación del sector financiero en el Congreso. La previsión era citarlos para el 6 de febrero. Todavía no se ha hecho porque todo apunta a que Varela y Méndez evitarán la exposición pública por su estado de salud.