El juez José de la Mata tenía decidido de antemano imponer a los ocho investigados del caso Alfageme una fianza de 80 millones de euros por el supuesto perjuicio creado a Caixanova con los préstamos concedidos por la entidad a la empresa Promalar para comprar y reflotar la conservera Bernardo Alfageme. Aunque su auto con el importe transcendió ayer, realmente está firmado el pasado 16 de noviembre, cuando decidió admitir a trámite la denuncia de Anticorrupción -es uno de las operaciones presuntamente irregulares identificadas por el FROB tras la nacionalización de Novacaixagalicia-, y así, como adelantó FARO en exclusiva, se lo hizo saber a los antiguos miembros de la cúpula de la caja y los otros imputados el pasado lunes a la puerta de la sala de declaración. Antes, por tanto, de escucharles. Todos niegan irregularidades en las operaciones sospechosas y, por lo tanto, que ni siquiera existan los delitos de administración desleal, contrato simulado y blanqueo de capitales que les achacan. La imposición de la fianza, según pudo saber este periódico, ha sorprendido muchísimo a las defensas. Pero el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional defiende que la medida "no puede tacharse de precipitada o prematura".

En el auto, De la Mata se hace eco de la acusación de Fiscalía contra Juan Lago, propietario de Promalar; el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso; el que fue su director general, José Luis Pego; el ex director general adjunto, Gregorio Gorriarán; el antiguo subdirector general, Domingo González Mera; el responsable de la oficina principal, José Benito Parente, el director general de Tasagalicia, Manuel Asende; y un arquitecto de la firma de tasación. Comparte las sospechas de que "los máximos gestores de Caixanova denunciados" querían "beneficiar" a antiguos accionistas de Alfageme que habían sido altos cargos en la entidad -los fallecidos Guillermo Alonso Jáudenes y Fernando García del Valle- y ofrecieron "condiciones favorables y en perjuicio" de la caja a Promalar, con cuatro operaciones de financiación por más de 130 millones de euros, que, según Anticorrupción, la empresa desvió para otros fines.

Aunque reconocen que los créditos y las pólizas pasaron por varios filtros, incluido el comité de riesgos, tanto Fiscalía como De la Mata hacen especial hincapié en un hipotético ánimo de ocultamiento al consejo de administración, a pesar de que no está entre sus funciones revisar los préstamos concedidos.

"Los hechos objeto de investigación en la presente causa revelan en forma indiciaria la presunta comisión de los delitos", sostiene el juez, que defiende que "de lo actuado se deriven elementos probatorios carentes de toda tacha procesas y con fuerza suficiente para desvirtuar, por sí solos o conjuntamente con otros, la presunción constitucional de inocencia". Remarca que la "simple aparición" de "indicios" le permite imponer una fianza solidaria. Habla de "gravedad" en los hechos y de su "complejidad" para justificar otra vez la petición a los ocho de un importe de 80,55 millones de euros para "garantizar la ejecución de una posible futura sentencia condenatoria".

El juez da cinco días para el depósito. De lo contrario, "se realizará la averiguación patrimonial de los denunciados" para acometer un posible embargo de sus bienes por esa cantidad.