Los antiguos gestores de Caixanova vuelven a la Audiencia Nacional por una de las operaciones que el FROB llevó a Fiscalía. El juez José de la Mata los cita como investigados por el presunto perjuicio de más de 80 millones de euros a la entidad en los préstamos concedidos a la quebrada Promalar para la compra y reflotamiento de la conservera también desaparecida Bernardo Alfageme tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por delitos de administración desleal, contrato simulado y blanqueo de capitales contra el dueño de la empresa, Juan Lago Pérez; el expresidente de la caja, Julio Fernández Gayoso; el que fue director general, José Luis Pego; el adjunto, Gregorio Gorriarán; el subdirector, Domingo González Mera; José Benito Parente, que llevaba la oficina principal; y dos técnicos tasadores. Declararán el lunes y el martes de la próxima semana.

El escrito, al que ha tenido acceso FARO, recoge hasta cuatro operaciones de financiación por 134,25 millones destinadas en principio a que el grupo de empresas de Juan Lago se hiciesen cargo de la conservera para "beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación con la caja". Entre ellos estaba, según Anticorrupción, el difunto Guillermo Alonso Jáudenes, antiguo presidente de Caixanova.

Promalar dedicó parte del dinero a otros negocios inmobiliarios, algo, según la Fiscalía, de lo que "los máximos gestores" de la entidad eran "conscientes". La tasación inicial del suelo presentado como garantía hipotecarias, más de 133 millones en 2005, contrasta con los dos millones a los que se rebajó en 2010 porque seguía siendo rústico. El magistrado se hace eco también de las inyecciones de liquidez aportadas por Caixanova hasta 2009.