La competencia fiscal parece inevitable en un país descentralizado como España. Además de los suyos propios, la comunidades amasan un buen número de impuestos creados por el Estado y cedidos después a la gestión regional, y una cada vez mayor porción de las principales figuras de recaudación central, como el IRPF, el IVA y los Especiales, dentro del polémico sistema de financiación autonómica. Precisamente la acalorada discusión acerca de los desequilibrios en el reparto de los fondos comunes propició otro debate sobre el mayor margen que algunos territorios pueden tener para incidir en los tipos de los impuestos transferidos si están mejor financiado o tienen más capacidad para generar recursos. Sobre todo en el Impuesto sobre la Renta, el de Sucesiones, aplicado a las herencias, y Patrimonio, que incide en las rentas altas. Existen los cambios de domicilio fiscal para buscar mejores condiciones y Galicia es una de las comunidades que pierde más grandes contribuyentes de los que gana. Casi ocho de cada diez se fueron a Madrid, la única en la que no se paga Patrimonio.
"La descentralización tributaria puede venir acompañada de desplazamientos de los individuos entre regiones para beneficiarse de la política tributaria más ventajosa, especialmente si esta no viene acompañada de una reducción significativa de los servicios públicos que se reciben a cambio", explican los economistas Julio López Aborda y Fernando Rodrigo Sauco en el informe sobre la movilidad de los contribuyentes de rentas altas publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El análisis se centra en el 1% de los declarantes más ricos "por ser los que más tendrán conocimiento de las cargas tributarias en cada comunidad autónoma, obtendrán más beneficio con el cambio de residencia y gozarán de más oportunidades para realizar dicho traslado". A partir de los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda, los investigadores llegan a la conclusión de que existe "evidencia empírica" de "la influencia que tienen las diferencias autonómicas en el IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones" a la hora de que ese selectivo grupo de ciudadanos elija uno u otro territorio.
Los datos en los que se basa el estudio son anteriores a las importantes modificaciones en el IRPF, con subidas primero para combatir el déficit público, y sustanciosas rebajas, como la de Galicia, en el periodo de recuperación. También la Xunta ha dado un importante giro desde entonces al desembolso por heredar o recibir una donación. El 99% de los contribuyentes están exentos y no se paga en ningún caso por los primeros 400.000 euros.
El Impuesto del Patrimonio, recuperado en la crisis para impulsar la recaudación, aportó a Galicia en 2015, el último de los ejercicios con datos oficiales de la Agencia Tributaria, algo más de 70 millones de euros. Una media cercana a los 10.000 euros por parte de los 7.200 contribuyentes obligados a abonarlo. El 0,77% del valor de sus propiedades, unos 34.500 millones de euros. La comunidad tiene el tipo efectivo más alto -entre otras cosas, porque los ricos aquí son más ricos que en otras zonas-, frente al 0% de Madrid, donde el tributo está bonificado al 100%. Un total de 15.850 grandes patrimonios se ahorran el pago de 796,8 millones de euros.
No sorprende por eso que, según el estudio de Fedea, de Madrid se hayan ido en el periodo revisado solo 605 rentas altas, mientras se asentaron 2.642 contribuyentes de este poder adquisitivo. Galicia, sin embargo, perdió 225 y captó 167: una reducción de 58. Es una de las diez comunidades con saldo negativo. Al igual que Madrid, el balance es positivo en Valencia (recibe 157 más de los que se fueron), Baleares (89), Cantabria (10) y Canarias (6).
La inmensa mayoría de los grandes contribuyentes que hicieron las maletas en Galicia se fueron a Madrid: 169, el 76% del total. Le siguen Andalucía (17%) y Castilla y León (12).
Los cambios de domicilio del resto de los contribuyentes sí favorecen a Galicia. Sumó entre 2006 y 2012 15.323 declarantes, mientras que salieron 11.499. Un resultado neto de 2.024. En este caso, Madrid es la gran perdedora: desembarcaron 59.740 y abandonaron la comunidad 71.000, de los que 3.700 acabaron en Galicia. El centro del país aporta el 38% de las rentas medias que se trasladan a la región gallega. De Cataluña procedía un 20%, un 13% de Canarias y un 10% de Castilla y León.
