La judicialización del sector que enfrenó a las compañías y la Xunta en paralelo a estos años de parálisis -las primeras ganaron su batalla contra el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los permisos a los parques y la administración consiguió la victoria respecto al canon a los aerogeneradores- alcanzó su punto álgido cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón a Capital Energy y tumbó el concurso que el PPdeG activó tras ganar las elecciones de 2009 y apuntalar la anterior puja de PSdeG y BNG en la etapa del bipartito. "No se ajusta a derecho", concluía la sentencia publicada en exclusiva por FARO, por los errores en la puntuación y el silencio de la propia Xunta a las peticiones de aclaración que la mesa adjudicataria le remitió para valorar determinados proyectos "emergentes" o "estratégicos".
La Xunta se apresuró a anunciar que llevaría el fallo en casación al Supremo. Y así están las cosas todavía. A la espera de que el Alto Tribuna se pronuncie. La confirmación de la sentencia crearía un grave problema a la administración, que, probablemente, optaría por apelar a la imposibilidad de ejecutar la resolución. ¿Acabarían así los quebraderos de cabeza? No. Además de la inseguridad jurídica, el fallo podría abrir de nuevo la puerta a reclamaciones, con las generadas por la anulación del concurso del bipartito.
