El naufragio del acorazado inglés HMS Serpent el 10 de noviembre de 1890 en aguas de Camariñas se llevó por delante la vida de 172 de sus 175 tripulantes y aceleró la construcción del actual faro de Cabo Vilán. Fue el primero que cambió el vapor por la electricidad en España para fortalecer su señal, proyectable a casi 100 kilómetros de distancia desde la costa, en uno de los rincones con peores condiciones para la navegación en Galicia. Allí, en pleno corazón de la Costa da Morte, el viento alumbró el desarrollo de la eólica en la comunidad. Con 22 molinos del tamaño de un edificio de 20 pisos, el parque de Cabo Vilán quiso, al igual que su faro vecino, ser parte de la historia del país como instalación pionera en las renovables, la más potente entonces, en 1990. Los siguientes quince años colocaron a Galicia como ejemplo en todo el mundo del aprovechamiento del viento como fuente de energía, hasta que en 2007 el sector echó el freno por el lío de los concursos autonómicos. A su vuelta a San Caetano, los populares anularon el reparto de 2.325 megavatios (MW) heredado del bipartito y lanzaron una adjudicación propia que, por las propias debilidades del proceso y el estallido de la crisis, no aportó ni un parque desde 2010
"Las cosas parece que empiezan a moverse", coinciden varias fuentes del sector consultadas por FARO. Las tres subastas de renovables organizadas por el Ministerio de Industria para alcanzar el objetivo europeo del 20% del consumo procedente de fuentes limpias en 2020 sirven de incentivo para un sector que en apenas tres años sufrió un giro de 180 grados en las condiciones de rentabilidad, sin derecho a primas generalizadas por su contribución a la lucha contra el cambio climático. Alrededor de un tercio de los parques operativos en Galicia solo ingresan lo que el mercado les paga por la generación.
De los 8.737 MW asignados por el departamento que dirige Álvaro Nadal, una parte vendrá casi seguro a la comunidad. ¿Cuántos? "Es imposible saberlo de momento", comenta uno de los principales promotores de eólica en Galicia. Gas Natural Fenosa, la gran beneficiaria del concurso de la Xunta de 2010 y una de las destacadas también en las subastas del Gobierno, avanzó este verano que invertirá unos 200 millones de euros para levantar 200 MW en la región. Greenalia construirá aquí todo la que consiguió, 133,3 MW. Es probable que lo haga Norvento, con 128,6. Endesa hará parte en Galicia de su cuota en las pujas, que entregaron 24 MW a Fergo Galicia y 14 a Inverolica de Abella, del grupo Invertaresa, liderado por el empresario Roberto Díaz-Rincón.
La Xunta hace sus cálculos. Entre eólica y biomasa -Greenalia tiene en marcha la construcción de la segunda mayor central de España después de obtener 49,9 MW en la primera subasta del Gobierno- prevé que en Galicia se lleven a cabo 600 MW. La cuota se queda lejos de los alrededor de 2.500 que, solo en eólica, acumula el sector entre autorizaciones del concurso, proyectos en trámites e instalaciones pendientes incluso desde la etapa de Manuel Fraga en el Gobierno gallego. "Pero -añaden en otra compañía del sector - todos sabíamos, y la Xunta también, que esa cantidad no iba a desarrollarse toda".
Por encima del resto de ventajas, Galicia dispone del "mejor recurso posible". El viento. El parque de Cabo Vilán es el mejor ejemplo, tanto cuando empezó a funcionar como en la reciente renovación ejecutada por su propietario, Gas Natural Fenosa. Dos aerogeneradores en lugar de las 22 máquinas anteriores, capaces de producir un 400% más de electricidad, y alimentar la cuenta de resultados exclusivamente de las ventas. A pulmón, como denominan en el sector a las instalaciones sin cobro de subvenciones.
"Es cierto que la subasta de renovables es una oportunidad para toda Galicia, no solo para el sector, pero implica un enorme desafío", recuerda Fernando Blanco, del Colegio oficial de Ingenieros Industriales en la comunidad, (ICOIIG), en referencia a los plazos marcados para la potencia aprobada por el Gobierno. Los parques eólicos deben funcionar como muy tarde el 31 de diciembre de 2019. De lo contrario, las empresas perderán los millonarios avales depositados como garantía. "Es un cuello de botella -añade Blanco-. El esfuerzo en Galicia para llevarlos adelante es mayor por las cuestiones orográficas". De ahí que los ingenieros se sumen a las peticiones del sector para que las administraciones pongan "todo de su parte" en agilizar la tramitación. "Con el viento de Galicia los parques tienen mejor rendimiento -continúa el delegado ICOIIG en Santiago-, pero el plazo temporal nos perjudica".
Tramitación exprés
En un intento de evitar la huida de proyectos a comunidades con menos burocracia e incluso por la posibilidad de atraer más inversiones, la ley que acaba de aprobar el Parlamento gallego para hacer frente a la competencia del norte portugués incluye importantes cambios en la política eólica de Galicia. No se volverán a celebrar concursos regionales. Los proyectos vinculados al reparto de 2010 y los nuevos que puedan venir se beneficiarán de una tramitación exprés de todos los permisos necesarios.
En el sector subrayan que esta petición era antigua. "Existía un riesgo evidente de perder el tren", apuntan, frente a otras comunidades que ya relevaron a Galicia (3.330 MW operativos a 31 de diciembre de 2016, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en el podio del viento. Castilla y León lidera el ranking, con 5.593 MW, seguida de Castilla-La Mancha (3.807) y Andalucía (3.330).
"No sabemos en que quedará, pero la actividad se nota", cuenta otro empresario eólico. Los parques requieren presupuestos muy altos -una media de millón de euros por cada megavatio- y habitualmente se tira de deuda bancaria o inversores. Ahí están los otros movimientos que se están dando, "con reuniones para posibles alianzas". "El tiempo juega en contra -resumen en el sector-. No hay que olvidar que parte de los proyectos que se construirán son antiguos, hay que actualizarlos y encargar máquinas que no llegan de un día a otro".
A la espera del veredicto del Tribunal Supremo
- La judicialización del sector que enfrenó a las compañías y la Xunta en paralelo a estos años de parálisis -las primeras ganaron su batalla contra el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los permisos a los parques y la administración consiguió la victoria respecto al canon a los aerogeneradores- alcanzó su punto álgido cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón a Capital Energy y tumbó el concurso que el PPdeG activó tras ganar las elecciones de 2009 y apuntalar la anterior puja de PSdeG y BNG en la etapa del bipartito. "No se ajusta a derecho", concluía la sentencia publicada en exclusiva por FARO, por los errores en la puntuación y el silencio de la propia Xunta a las peticiones de aclaración que la mesa adjudicataria le remitió para valorar determinados proyectos "emergentes" o "estratégicos". La Xunta se apresuró a anunciar que llevaría el fallo en casación al Supremo. Y así están las cosas todavía. A la espera de que el Alto Tribuna se pronuncie. La confirmación de la sentencia crearía un grave problema a la administración, que, probablemente, optaría por apelar a la imposibilidad de ejecutar la resolución. ¿Acabarían así los quebraderos de cabeza? No. Además de la inseguridad jurídica, el fallo podría abrir de nuevo la puerta a reclamaciones, con las generadas por la anulación del concurso del bipartito.
