El del metal de Pontevedra es el mayor convenio sectorial de Galicia, con más de 30.000 trabajadores y 1.500 empresas de diferentes subsectores (industriales, electricidad, talleres de reparación). Patronal y sindicatos sellaron la paz en julio tras quince reuniones y acordaron una revalorización salarial de un mínimo del 4,5% hasta 2019. Pero las mejoras económicas (el incremento para 2017 es del 2%) no se han ejecutado todavía en la "gran mayoría" de las empresas por requerimientos formales realizados desde la Consellería de Economía, Emprego e Industria, que han obligado a los agentes sociales a corregir varios puntos del articulado del convenio colectivo. "Nos pidieron aclaraciones sobre cosas que no tratamos en este convenio y que se llevan publicando desde hace años", expone Celso Carnero, secretario general de CCOO-Industria de Vigo.

Aunque se trata de aspectos técnicos, desde las organizaciones sindicales y empresas aseguran que esta situación se repite ahora "con casi todos los convenios", que achacan a una mayor rigidez del Ministerio de Empleo. "Hay empresas (del metal) que ya han actualizado tablas y pagado los atrasos, pero la gran mayoría esperan a que se publique en el BOP (Boletín Oficial de Pontevedra) para hacerlo". Esta misma situación se repitió por ejemplo con Borgwarner o Faurecia Asientos, aunque en este caso se solventaron las discrepancias sobre la redacción del acuerdo. O con Nueva Pescanova, que también fue requerida para "matizar" puntos de los acuerdos para sus centros de trabajo en Galicia. La multinacional pesquera sí ha aplicado ya las subidas salariales y ha abonado los atrasos, como constató a FARO Ignacio Couñago, del sindicato UGT.

La Xunta mantuvo ayer una reunión con los representantes de los trabajadores y la patronal metalúrgica para "abordar la modificación" de los artículos en discordia. Desde el departamento que dirige Francisco Conde aseguran que los requerimientos son "formales y técnicos", que "ya se están subsanando", y constataron que la revisión de los textos depende de la normativa del Gobierno central. "Tocan aspectos que llevan aplicándose desde hace mucho tiempo, y son susceptibles de interpretación". Entre ellos figura la denominación de horas extra. En el convenio de Pontevedra se dividen por tipos (fuerza mayor y períodos punta imprevisibles), mientras que en la normativa estatal no existe esta clasificación. Un "matiz", admite César Rodríguez (CIG Industria), que lamenta la excesiva meticulosidad con la legislación. "Muchas veces en las nóminas se incluía el concepto de adelanto de convenio", recuerda.

El mayor "escollo", cree el sindicalista de la CIG, está en la regulación de los contratos de relevo. "En nuestro convenio hay una mejora en función de la antigüedad que tenga un trabajador en la empresa (permitiría suavizar los horarios), pero desde el Ministerio aseguran que todos los contratos deben incluir un tiempo efectivo de trabajo", sin excepción. "Hemos sido flexibles y mandaremos alguna modificación leve para adaptar los textos", zanja Carnero. El objetivo de empresas y sindicatos pasa por resolver las diferencias antes de final de mes para que los trabajadores gocen ya de las mejoras pactadas en julio.