"El empleo que llega es de mayor calidad que el que se fue". La reflexión la hizo ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar sus planes para el llamado plan Prepara, la ayuda de 400 euros a los desempleados que han agotado ya todas sus prestaciones y que ha quedado suspendida después de que una sentencia del Tribunal Constitucional declarara ilegal que el Gobierno nacional gestionara esta prestación. Báñez fió la continuidad de esta subvención a que las comunidades lleguen a un acuerdo "unánime" para que cedan de forma voluntaria la administración de esta ayuda al Servicio Público de Empleo. Pero la ministra aprovechó la comparecencia para sacar pecho de la buena evolución de las cifras de empleo. Según sus cuentas esa mejoría permitirá que en agosto por primera vez se superen los 10.000 millones de euros en ingresos por cotizaciones sociales en un solo mes. Esto se debe, añadió, a que la recuperación económica es "sólida y sana".

Tirando de cifras para justificar que el empleo que se está creando ahora es de mayor calidad, señaló que ya se han recuperado el 82% de los puestos de trabajo indefinidos que se habían perdido tras el estallido de la gran recesión que tuvo unos efectos devastadores sobre el mercado laboral. A mayores, defendió a capa y espada que durante los siete primeros meses del año la contratación indefinida es un 12% superior a la de hace un año, y que se encadenan 42 meses de crecimiento interrumpido en la mejora del trabajo estable. Báñez subrayó que el 93,3% del empleo que se ha recuperado ya en España es a tiempo completo, lo que supone que solo el restante 6,7% es a tiempo parcial.

Sobre el plan Prepara, que acaba de tumbar el Tribunal Constitucional después de una denuncia del País Vasco, Báñez pidió a las comunidades autónomas que de forma unánime encomienden al Servicio Público de Empleo la competencia para gestionar esta prestación de forma extraordinaria y limitada para poder prorrogarla, mientras se diseña con los agentes sociales un nuevo marco de protección para estos desempleados que ya han agotado cualquier tipo de auxilio. Según las cifras que maneja el propio Ministerio de Empleo, desde que esta subvención se puso en marcha allá por febrero de 2011 se han beneficiado de ella cerca más de 132.000 gallegos. La prestación venía renovándose de forma casi automática cada seis meses hasta el pasado 16 de agosto que quedó en suspenso.

Fátima Báñez aseguró con esta propuesta su intención es la de evitar problemas de gestión y de recursos de las administraciones autonómicas. También destacó que ayer mismo se había remitido un borrador para la cesión de la gestión a las comunidades para que estas encomienden al Servicio Público de Empleo la gestión de la ayuda. "El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo primero para nosotros son las personas y, en especial, las más vulnerables", añadió la ministra, "espero que con la información remitida, las dudas o alegaciones se puedan solventar, y podamos aprobarlo cuanto antes". Báñez también descartó que, para cumplir con la sentencia del Constitucional, pudieran explorarse otras vías como la de hacer un cambio mucho más profundo en las condiciones de acceso a la prestación. "Sería algo más engorroso", destacó.

Durante su comparecencia también lanzó un dardo a los agentes sociales. Según destacó una de las razones para no prorrogar estas ayudas antes de que caducaran fue debido a la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal. Pese a que, desveló, a finales de julio ya se había redactado un decreto ley para su aprobación pero "la falta de consenso hizo que no viera nunca la luz".