La Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo que decretó la intervención de Banco Popular, inició los trámites para su venta cuatro días antes de que ésta se llevase a cabo, tras la cual la sexta institución financiera de España pasó a manos del Santander por un euro. Es una de las conclusiones que arroja la "versión no confidencial" que elaboró el organismo el 6 de junio; el informe de Deloitte, que valoró el agujero del Popular en hasta 8.000 millones negativos, todavía no ha sido difundudo o entregado a los accionistas.

En esta evaluación, el supervisor bancario realiza un repaso sobre los acontecimientos que llevaron al banco a sufrir un deterioro de su posición de liquidez derivado de un "agotamiento significativo de sus depósitos". El documento apunta como causa una "cobertura negativa en los medios" en relación con las especulaciones sobre la dimisión de algunos de sus gestores, las pérdidas registradas por el banco en el ejercicio 2016 y el primer trimestre de 2017, así como los anuncios por parte del presidente del banco en aquel momento, Emilio Saracho, de su necesidad de realizar una ampliación de capital o acometer una operación corporativa.

A su juicio, el hecho de que en febrero la entidad revelara una necesidad de provisiones extraordinarias por 5.692 millones de euros llevó a la agencia DBRS a rebajar su rating, algo que derivó en "preocupaciones significativas" en los clientes del banco, que se reflejaron en "salidas de depósitos inesperadas" y en una "alta frecuencia de visitas de los clientes a la red del banco". De acuerdo con el supervisor, la entidad desarrolló varias medidas adicionales para generar liquidez y comenzó a implementarlas, pero no fueron suficientes para remediar el deterioro de la posición de liquidez del banco. Su gestión tampoco sirvió para reducir "significativamente" sus créditos dudosos, que ascendían a 37.000 millones de euros.