En el año 2011 el Gobierno de Namibia concedió la licencia para que una compañía pudiese remover el fondo del mar con el objetivo de extraer arena fosfática. La decisión generó tamaña polémica que el país declaró una moratoria, un periodo de silencio durante el cual la minería submarina pasó al olvido del gran público. Pero no de la empresa, Namibia Marine Phosphate (NMP o Namphos), que el pasado mes de septiembre logró el trámite que le quedaba para ponerse a trabajar: la declaración de impacto ambiental. De nuevo la presión social y política -el principal partido, Swapo, se partió en dos- forzó al Ejecutivo a retirar el permiso. Ahora será la Corte Suprema de Windhoek la que liquide la disputa y decidirá si NMP podrá remover 2.333 kilómetros cuadrados de sedimento durante veinte años en uno de los principales caladeros de la flota gallega.

El juez Shafimana Ueitele celebró la pasada semana la vista oral de la causa emprendida por NMP contra el ministro de Medio Ambiente, Pohamba Shifeta, el mismo que concedió y retiró el permiso ambiental en poco más de un mes. Lo que pretende la empresa minera, propiedad del multimillonario omaní Mohammed Al Barwani, es que la decisión del ministro "sea anulada". Esto es, recuperar la declaración positiva de impacto ambiental y proceder con las obras, que se ubicarán a 75 millas del puerto de Walvis Bay. El dictamen del magistrado se conocerá el 15 de diciembre, "o antes si es posible".

El precedente

Para la flota gallega que opera en el país africano el proyecto de NMP no sería preocupante en exceso porque la zona a excavar no es la más rentable para la pesca. El problema, entienden, es que se sentaría precedente. Solo la compañía de Al Barwani tiene pendientes de aprobación otros seis proyectos similares, por otro adicional del multimillonario israelí Lev Leviev. En Namibia operan con sociedades mixtas Pescanova, Iberconsa, Mascato, Marfrío o Corvima, entre otras empresas de menor tamaño. Es, junto con Argentina, el primer abastecedor de merluza para la industria gallega.

Pero Namibia Marine Phosphate tiene otra causa pendiente, y es precisamente la que lidera la industria pesquera. En este caso la intención de los demandantes, entre los que se encuentran también las principales compañías con capital gallego, es anular la licencia que recibió la minera en 2011 para eliminar cualquier posibilidad de que en el futuro pudiese volver a retomar el llamado Sandpipe Proyect. En este caso la vista judicial se ha visto retrasada en varias ocasiones, la última la semana pasada. Se retomará el 12 de septiembre.