La continuidad de la ayuda estatal de 400 euros mensuales (450 si hay cargas familiares) que cobran miles de parados gallegos de larga duración, aquellos que ya han agotado todos los subsidios previos, pende de un hilo. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, tras una denuncia del País Vasco, ha puesto contra las cuerdas al llamado Plan Prepara (como se denomina a este auxilio económico) ya que considera ilegal que el Gobierno esté centralizando la gestión de estos pagos, porque entiende que se trata de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Ante el más que previsible bloqueo, el Ejecutivo ha convocado de manera urgente a los sindicatos y a la patronal nacional Cepyme a una reunión que se celebrará el lunes para tratar de buscar una solución de forma urgente. Desde que este subsidio se puso en marcha, allá por febrero de 2011, lo han percibido más de 36.500 gallegos.

Prorrogar la ayuda así sin más como se venía haciendo hasta ahora cada seis meses sería inconstitucional, según la sentencia. Por lo que los agentes sociales tendrán que buscar alguna alternativa para evitar dejar sin protección a los nuevos demandantes. Tendrán que darse prisa porque esta edición del Plan Prepara finaliza, precisamente, el martes 15 de agosto, con lo que todos los que lo soliciten más allá de esa fecha no podrán cobrarlo.

El subsidio nació en febrero de 2011 como un programa de orientación para desocupados de larga duración con el objetivo de ayudarlos buscar un trabajo en un mercado laboral que había sufrido una explosiva destrucción de empleo. Por aquel entonces la tasa de paro en España estaba en el 21,29%. El asesoramiento se acompaña de un subsidio de 400 euros para aquellos que no tuvieran cargas familiares y de 450 para los que si las tuvieran. De primeras, se estableció que la ayuda se prorrogaría de forma autonómica hasta que la tasa de desempleo bajara del 20%, sin embargo, cuando se dejó atrás ese porcentaje se continuó alargando hasta que se descendiera un peldaño mas, el del 18%. La última Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya refleja que el paro está por debajo de esa cifra, cerró el segundo trimestre en el 17,22%, pero el Gobierno entiende que la ayuda sigue siendo necesaria para dar protección al elevado número de desempleados de larga duración que sigue habiendo en las colas de las oficinas del Servicio Público de Empleo.

Ahora, tras la sentencia del Consitucional, para poder darle continuidad a la ayuda, reconoce el ministerio de Empleo, será necesario darle rango de ley, por lo que el proceso podría demorarse varias semanas. Los sindicatos, por su parte, critican los anquilosados movimientos del departamento que dirige Fátima Báñez y piden una mayor celeridad para dar respuestas a las demandas de los desempleados.