10 de agosto de 2017
10.08.2017

Europa admite a trámite las primeras demandas contra la venta del Popular

Los abogados confían en que prosperen todas las reclamaciones presentadas en Luxemburgo - La decisión no implica la adopción de medidas cautelares

10.08.2017 | 02:01

La oleada de recursos presentados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz de la resolución de Banco Popular, que se saldó con la amortización de sus acciones y su posterior venta a Santander por un euro, ya empiezan a obtener sus primeras respuestas. Según publicó ayer el diario digital Vozpópuli citando fuentes conocedoras del caso , el tribunal con sede en Luxemburgo ya ha admitido a trámite dos recursos interpuestos por la Mutualidad de la Abogacía y por la Hermandad de Arquitectos a través del bufete Ramón C. Pelayo. El despacho no quiso hacer declaraciones a preguntas de FARO.

Alberto Ruiz Ojeda, socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo, que ha sido elegido por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) para su defensa, señala que "lo normal es que admitiesen a trámite los demás presentados". Algo que, puntualiza, no implica necesariamente la adopción de medidas adicionales sino, simplemente, el inicio de la evaluación del proceso. Ruiz Ojeda considera que los dos recursos admitidos a trámite "probablemente hayan sido presentados hace más de una semana" y prevé que, de manera paulatina, se vayan saldando con el mismo resultado el resto de demandas.

En este sentido, Ruiz Ojeda se muestra esperanzado de que en las próximas semanas el tribunal admita a trámite otros recursos como el presentado por la Aemec este lunes y que agrupa a casi 4.000 accionistas afectados por el desenlace de Banco Popular.

El abogado Xoan Antón Pérez-Lema, por su parte, ve pocas posibilidades de recuperar lo invertido recurriendo por esta vía. "Ojalá me equivoque, pero, dados los precedentes, no podemos ser demasiado optimistas con la posibilidad de que se alcance un acuerdo beneficioso para los accionistas por la vía contencioso-administrativa". Pérez-Lema, que ocupa el puesto secretario general de la Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia (Acouga), en la que se agrupan más de 100 demandantes, se muestra partidario de "reclamar la nulidad contractual por vicio de consentimiento".

"Información defectuosa"

En su opinión, a los accionistas y propietarios de títulos de deuda subordinada y bonos convertibles se les "debe devolver el importe de la inversión con intereses, más intereses de demora" para restituir a estas personas. Pérez-Lema argumenta que los accionistas se fiaron "de una información falsa y defectuosa", que, a su juicio, no reflejaba la verdadera situación patrimonial de la entidad. Y es que, a la crisis de liquidez que vivía el banco como consecuencia de la fuga de depósitos, se sumó la publicación de un informe por parte de Deloitte, que dio la puntilla y precipitó la resolución de la entidad.

Pese a que el escrito todavía no ha salido a la luz, la auditora cifraba que el agujero patrimonial de la entidad presida por Emilio Saracho en una horquilla de entre 2.000 y 8.200 millones de euros, algo que contrasta con las cifras oficiales, en las que el banco afirmaba que sus fondos propios ascendían, al cierre del primer trimestre, a los 11.068 millones de euros.

En contra del criterio defendido por el FROB y el ministro de Economía, Luis de Guindos, la Junta Única de Resolución se opuso a hacer público el informe por motivos de confidencialidad. Ruiz Ojeda se queja de las dificultades con las que se están topando a la hora de recopilar información sobre el caso y denuncia que "el acceso al registro es tremendamente opaco".

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