La batalla judicial de clientes y accionistas del Banco Popular contra su intervención y venta al Santander por un euro arrancó hace ya semanas y mantendrá a los tribunales españoles y europeos entretenidos durante algunos meses. La Audiencia Nacional ya tuvo de hecho que reunir a su Sala de Vacaciones para responder a un recurso presentado esta semana ante la sala de lo Contencioso-Administrativo para suspender urgentemente la operación. Los jueces han decidido rechazarla de momento aunque han abierto una pieza separada del caso y volverán a estudiarlo previsiblemente en septiembre -dado lo apretado del calendario judicial por las vacaciones de verano-. Los abogados gallegos que preparan o han formalizado demandas de accionistas ven poco probable la paralización de la integración del Popular en el Santander por el perjuicio económico que ocasionaría pero la última palabra la tiene la Audiencia Nacional.
Un centenar de particulares y empresas presentaron esta semana un recurso contra la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de ejecutar la resolución (liquidación) de la entidad y adjuidicársela al grupo Santander. Este recurso exigía suspender de forma urgente el proceso de integración entre ambas entidades con la imposición de medidas cautelarísimas. La sola solicitud de este tipo de precauciones -mientras los jueces estudian el fondo del asunto- exigía a la Audiencia una respuesta en un plazo de 48 horas que se dio a conocer ayer. Los magistrados constituidos en sala de vacaciones rechazaron esas medidas cautelarísimas al no apreciar las razones de urgencia manifestadas en el recurso, por lo que la decisión del FROB continúa en vigor y el Banco Popular se mantiene como una filial del grupo Santander hasta que el proceso de integración finalice, no antes de un año y medio o dos.
El rechazo de las cautelarísimas no supone su descarte absoluto, sino que las convierte en cautelares ordinarias, con lo que volverá a ser estudiado pero no de forma urgente. La sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia ha optado por abrir una pieza separada para tramitar los recursos que piden tomar este tipo de medidas y en septiembre se volverá a plantear. Y es que este recurso se suma a los que desde hace semanas llegan a la Audiencia Nacional contra la decisión del FROB. Entre ellos se encuentra el promovido el pasado día 25 por un grupo de accionistas que concentraban el 2% del capital y entre quienes se encuentra un familiar del accionista mexicano Antonio del Valle, que perdió más de 500 millones con la intervención y venta del Popular.
El recurso defendido por el despacho Ontier fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional y exige la suspensión de la venta del Popular al Santander y su integración empresarial como medida cautelar, por lo que los magistrados han decidido abrir una pieza separada del caso para resolver esas medidas cautelares, según adelantó ayer Expansión.
Además la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) interpondrá hoy un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para impugnar la resolución de la entidad, que contaba en el momento de la intervención con más de 50.000 accionistas gallegos. Con su recurso Aemec pretende conseguir una "adecuada compensación económica por las acciones de Banco Popular, cuyo valor ascendía a 1,85 euros cada una en el momento de la resolución.
