Los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Galicia durante los cinco primeros meses del 2017 se redujeron a menos de la mitad que en el mismo periodo del año anterior. De las 3.446 personas que se vieron en esta situación entre los meses de enero y mayo de 2016 se ha pasado a las 1.577 actuales, lo que representa una caída del 54%. Se trata de un descenso superior al registrado en el conjunto del Estado, en donde se redujo en un 38,4%, y el cuarto mayor de todo el territorio español. El descenso protagonizado en Galicia tan solo es superado por otras tres comunidades. Se trata de Aragón, donde retrocedió un 89,9%, La Rioja (-69,9%) y Extremadura (-68%).
De mantener este ritmo de descenso en los siete últimos meses del año, el número de trabajadores afectados por ERE podría reducirse hasta los 3.062, lo que representaría apenas una décima parte del dato registrado en el año 2012. Por aquel entonces, el país atravesaba el punto álgido de la crisis y al tiempo que el número de parados contabilizados por la Encuesta de Población Activa superaba los 6 millones de personas por primera vez en la historia, los ERE afectaban a 29.662 trabajadores.
Uno de los síntomas de reactivación de la economía se encuentra en el cada vez menor uso de Expedientes de Regulación de Empleo para reducir la jornada laboral. Este procedimiento, utilizado en su momento por aquellas compañías que atravesaban dificultades en un intento por no reducir plantilla, afectó en los cinco primeros meses del año a 164 trabajadores, lo que representa un descenso del 57,8%.
Mayor descenso protagoniza el número de trabajadores afectados por la suspensión de contratos, que en el 84,6% son resultado de un acuerdo entre las dos partes. El número de gallegos que han visto suspendido su contrato en los cinco primeros meses del año se reducen un 65,9%, hasta los 760 trabajadores. Este fuerte descenso ha disminuido su peso dentro del total de procedimientos hasta casi la mitad. Si en el año 2008, éstos suponían el 85,8%, en la actualidad este porcentaje se sitúa en el 48,2%.
De hecho, la suspensión de contratos se encuentra a un paso de dejar atrás su condición de procedimiento más utilizado. El número de trabajadores que se vieron inmersos en despidos colectivos entre enero y mayo fue de 653 trabajadores, lo que representa una caída del 21,4% respecto al mismo periodo del año 2016. El descenso en este apartado es casi tres veces más lento que el registrado en los otros dos procedimientos (suspensión de empleo y reducción de la jornada laboral), lo que ha provocado que ya represente un 41,4% del total, la cifra más elevada desde el estallido de la crisis.
Detrás de más de la mitad de los Expedientes de Regulación de Empleo (el 57% de los casos) se encuentran razones de índole económica. En concreto, la que más pesa es la alegación de que la empresa registra pérdidas. Esta fue la razón utilizada para el 43,7% de los procedimientos llevados a cabo en el conjunto de España en los cinco primeros meses del año.
Inmediatamente después se sitúan motivos relacionados con cuestiones de producción. Según los datos del Ministerio de Empleo, esta fue la razón que estuvo detrás del 24,6% de los casos. El procedimiento más utilizado para ajustar la plantilla a los tiempos de producción es la suspensión de empleo, que supuso un 72% del total. La justificación de un descenso en la facturación, que de producirse en tres trimestres consecutivos convierte en objetivo el despido, representó un 14,4% del total.
