Un grupo de fondos de inversión que perdieron más de 850 millones de euros que tenían en bonos con la resolución del Banco Popular estudian demandar a instituciones europeas y al Frob español por la operación. Este grupo de inversores, del que forman parte Pimco, Anchorage o Ronit Capital, tampoco excluye emprender acciones a largo plazo contra los directivos de Banco Popular si emergen pruebas de delito por su parte, según fuentes próximas al caso. Por el momento los fondos estudian impugnar la adopción y la implementación de la resolución.
Los inversores, representados por la firma de abogados Quinn Emmanuel, han pedido a las instituciones europeas que proporcionen la información sobre la que basaron su decisión, en particular el informe que la consultora Deloitte presentó ante la JUR, que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.
Además, los fondos prevén alegar que la presidenta de la JUR, Elke Koning, violó el secreto profesional al hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre el Popular y que esto fue un factor determinante en el deterioro de la situación de la entidad.
