El caso Pescanova se juzgará finalmente en 2018, cinco años después del escándalo que derivó en el mayor concurso de acreedores de una firma no inmobiliaria de la historia empresarial española. El magistrado de la sala de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechazó ayer la concesión de una nueva prórroga a la investigación, como había solicitado el fiscal, al apreciar que el caso "excede los plazos de investigación razonables que establece la ley" y que está "prácticamente finalizado". El juez solo ha accedido a dar cuatro meses extra para determinar si la esposa y los dos hijos del expresidente Manuel Fernández de Sousa cometieron un delito de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública con el presunto desvío de fondos a Andorra. Una vez se complete este paso (en octubre) se cerrará la instrucción.
Como avanzó FARO en exclusiva el 28 de mayo, la comisión rogatoria remitida al país pirenaico desveló grandes ingresos en efectivo de Rosario Andrade Detrell, Pablo e Ignacio Fernández Andrade en tres cuentas abiertas en septiembre de 2009. Son más de tres millones de euros en total los bloqueados a la familia directa de Sousa solo en Andorra. El fiscal Juan Pavía ha solicitado cursar una nueva comisión rogatoria para despejar el vínculo entre la familia y la sociedad panameña Reflex Portfolio SA, que en febrero de 2012 ingresó en favor de Pablo Fernández Andrade 150.000 euros. Este último ya estaba imputado por presuntos delitos de estafa, falseamiento de cuentas anuales, de información económica y falsedad en documento mercantil. Rosario Andrade fue imputada tras tratar de enviar cinco millones de dólares a un banco de Hong Kong desde una oficina bancaria portuguesa. Teniendo en cuenta los plazos normales (cierre de instrucción, plazo de apelación, escritos de defensa y acusación), el caso no se juzgará este año.
