El 1 de mayo de 2013 Pescanova solicitaba preconcurso de acreedores ante la imposibilidad de amortizar un crédito sindicado y tras no haber podido vender una de sus granjas salmoneras de Chile. La Audiencia Nacional asumió el caso el 23 de abril del mismo año y, desde entonces, ha imputado a una veintena de directivos y presuntos testaferros por su responsabilidad en la quiebra del grupo pesquero, la más cuantiosa de una firma no inmobiliaria de la historia empresarial española. Han pasado casi cuatro años y este mes el Juzgado de Instrucción Número 5 tendrá que decidir si da por concluida la investigación o aprueba otra prórroga para arrojar más luz sobre el caso. Si quiere otro tiempo extra el Ministerio Fiscal deberá notificarlo como muy tarde el 23 de mayo.
El magistrado que instruye el caso es José de la Mata, quien hace un año atendió la petición del fiscal Juan Pavía de declararla como causa compleja. Eso daba al juzgado doce meses más para continuar con las investigaciones y recibir las comisiones rogatorias de Sudáfrica y Andorra. Pero el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -fue reformada en 2015 para suavizar los plazos- permite una prórroga adicional de 18 meses o de otro plazo "máximo infranqueable y no predeterminado por la ley", con lo que la instrucción del caso Pescanova podría demorarse hasta finales de 2018 si así lo considerase oportuno y hubiese "circunstancias sobrevenidas o excepcionales".
Pero los abogados de la acusación, que pretenden recuperar de los investigados lo que perdieron al invertir en Pescanova, aseguran a preguntas de FARO que no habrá prórroga y que este mes sí se decretará el fin de la fase de instrucción. A partir de ahí, sostienen, De la Mata deberá dictar auto de apertura de juicio oral. La defensa del fondo Luxempart, que con su querella propició la imputación de los exdirectivos Pablo Fernández Andrade (hijo del expresidente Manuel Fernández de Sousa), Fernando Fernández de Sousa (hermano), Robert Albert Williams, Jesús García, Joaquín Viña, Antonio Táboas y Alfredo López, comparte esta opinión. Antes de la demanda del fondo luxemburgués ya figuraban como imputados (ahora investigados) el propio Manuel Fernández de Sousa, Alfonso Paz-Andrade y José Antonio Pérez-Nievas.
La solicitud de una prórroga adicional se cursa a instancias del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes personadas, pero en opinión de la acusación "no concurren razones" que justifiquen esta medida. Robert Albert Williams respondió por escrito tras cinco comisiones rogatorias a Sudáfrica -el expresidente de la comisión de Auditoría dejó España tras el inicio de la investigación judicial- y Andorra accedió al embargo de los bienes de Sousa, su esposa e hijos, en caso de tenerlos en el país pirenaico. Este periódico no ha podido averiguar si finalmente se procedió al bloqueo de algún activo. La esposa del directivo fue imputada además por un presunto delito de blanqueo de capitales tras haber intentado transferir, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal, cinco millones de dólares desde una cuenta en un banco de Valença a Hong Kong.
Desde el inicio del escándalo las compañías que denunciaron los mayores perjuicios por una inversión "ruinosa" han ido abandonando el capital de la vieja Pescanova, o al menos han dejado de participar activamente de reuniones y asambleas. Es el caso de Luxempart, que eleva su quebranto a 52 millones; Damm, que invirtió 40,18 millones en la pesquera y acabó vendiendo sus acciones a menos de cuatro céntimos; o Cartesian, con pérdidas de 24 millones. La excepción ha sido Iberfomento, que cifró el perjuicio en 20 millones de euros y se mantuvo en el consejo de la antigua matriz hasta el pasado 21 de marzo.
La única medida cautelar impuesta contra los investigados fue la imposición de una fianza civil solidaria (no para todos ellos) por casi 180 millones. Pero la relación de bienes patrimoniales a su nombre fue exigua y en absoluto serviría para cubrir, en caso de condena, las pérdidas que denuncian los inversores. Luxempart trató de que la Audiencia Nacional investigase "otras propiedades" de Sousa (el expresidente dijo que a su nombre tenía una finca rústica en El Escorial, acciones, dos coches y una cuenta con 4.000 euros) como "obras de arte", pero la petición no prosperó.
