La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) dibujó ayer un escenario de "insolvencia": tiene deudas con proveedores (de un año, en algunos casos), saldo de cuenta corriente negativo, no se han pagado indemnizaciones y la letra de la hipoteca está en mora. "Hay dos meses de plazo para acudir a la concursal", expusieron fuentes de la patronal a FARO. Es la misma situación que se produjo en junio del año pasado con Antonio Dieter Moure como presidente y que se sorteó tras el verano con una póliza de crédito bancaria. La misma hipoteca por la que peleaba entonces sigue sin firmarse. Hay una "falta total de liquidez y viabilidad" y el impago de facturas ronda los 800.000 euros, según otras fuentes.
Ayer se celebró la primera junta directiva de la confederación tras el nombramiento de Antón Arias como presidente y evidenció que la fractura interna sigue ensanchándose. Las patronales de Pontevedra y Ourense advirtieron de la "preocupante" situación económica que atraviesa la entidad y propusieron nombrar una gestora, integrada por los cuatro responsables provinciales, que se encargue de sanear las cuentas de la CEG.
"Antón Arias no está legitimado como presidente. Por eso le trasladé que tuviera la generosidad de apartarse y diera paso a una gestora", aseguró al finalizar la reunión en Santiago el expresidente de la patronal gallega, José Manuel Fernández Alvariño, que salió de la reunión acompañado del también exresponsable de la CEG, Antonio Dieter Moure (Ourense) y de los presidentes de los empresarios pontevedreses y ourensanos, Jorge Cebreiros y José Manuel Pérez Canal. A pesar de que ambas confederaciones han declarado su ruptura con la patronal gallega, ayer acudieron a la reunión, según explicó Cebreiros, porque sobre la mesa se iban a poner asuntos de trascendencia para la provincia de Pontevedra y Ourense. Así, explicó que analizaron las propuestas de la CEG a la Cumbre Ibérica, que celebrarán los Gobiernos de España y Portugal el próximo 29 y 30 de mayo así como el acuerdo interprofesional de negociación colectiva. "Iban a abordarse temas cruciales para nosotros. Teníamos que ir", aclaró el vigués.
"Pero el problema -continuó- es que no se nos tiene en cuenta. No se habla de movilidad transfronteriza, de las distintas legislaciones a uno y otro lado de la frontera, así como tampoco se ha hablado del AVE a Vigo por Cerdedo ni del tráfico ferroviario de mercancías entre Galicia y el Norte de Portugal". "La situación económica está cada vez más degradada. Pero más que la firma de la hipoteca, que está concedida pero no firmada, lo que más nos preocupa son los impagos y la responsabilidad sobre terceros cuando algún proveedor se ponga nervioso", añadió Cebreiros.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense se mostró molesto por el hecho de que todavía no se haya nombrado al secretario general de la CEG. Este cargo estaba siendo ocupado en funciones por el lucense Jaime López. Aunque hubo un intento por ratificarlo en el cargo, los presentes se opusieron por no estar incluido en el orden del día. El sector crítico (Ourense, Pontevedra y algunas sectoriales) se opone a la figura de López y argumenta para ello incompatibilidades por ocupar dos cargos (también es secretario general en Lugo).
En este contexto, el responsable de los empresarios ourensanos advirtió que las posturas siguen enfrentadas. "No puede haber unidad cuando Antón Arias rompió el pacto existente entre las cuatro confederaciones provinciales", apunta."Es legal pero yo siento que no está legitimado", censuró Alvariño.
