La Comisión Europea (CE) decidió ayer llevar a España, así como a Croacia, Chipre y Portugal, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado "completamente" en su legislación la normativa europea sobre créditos hipotecarios. Los países tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, según precisó ayer el Ejecutivo comunitario, que ya había pedido formalmente a estos países en 2015 que implementasen la directiva.

El objetivo de la directiva es "crear un mercado de crédito hipotecario en toda la Unión con un nivel elevado de protección de los consumidores", indicó la Comisión. Según el Ejecutivo, la no aplicación de la ley europea en los Estados miembros da lugar a que los consumidores de esos países no dispongan de la protección que la misma otorga cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos.

El Gobierno confía en que España pueda tener una norma hipotecaria acorde con las exigencias europeas, algo que no depende sólo del Ejecutivo, antes de que el TJUE se pronuncie al respecto. En estos momentos, según fuentes del Ministerio de Economía, se busca el consenso necesario para superar el trámite parlamentario, con el objetivo de que España incorpore completamente la normativa europea sobre créditos hipotecarios.