Las compañías eléctricas con una elevada posición en el negocio nuclear (sobre todo, Iberdrola, que es la que tiene mayor implantación) han lanzado una ofensiva para exigir al Gobierno una regulación más favorable a este tipo de energía y una menor fiscalidad. Sostienen que en las actuales condiciones la actividad no es rentable y que no es atractivo solicitar la prórroga de la vida útil de las plantas existentes.
El vencimiento en próximos ejercicios del plazo de 40 años de concesión de varias instalaciones se ha convertido en un factor clave en este pulso y en el que las dos eléctricas más relevantes (Iberdrola y Endesa) mantienen posiciones discrepantes sobre una eventual petición de renovación de las licencias, como se evidenció ayer con sus diferencias sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña, que controlan al 50%, y que está parada desde 2012: Iberdrola la rechaza y Endesa no la descarta.
De hecho presidente de Endesa, Borja Prado, apuntó ayer que no tomará ninguna decisión sobre la vuelta a la actividad de la planta hasta que el Gobierno se pronuncie sobre su reapertura. "No vamos a tomar una decisión, sino esperar a que haga las consultas el Gobierno", que tiene previsto acabar a finales de junio el periodo para requerir diferentes puntos de vista sobre la reapertura de la central.
