La polémica económica y social en Namibia por la minería submarina de fosfato está aletargada, pero no ha terminado. En su primera reunión en lo que va de año, el gabinete de Comercio y Desarrollo Económico del país (CCTED) acordó estos días posponer cualquier decisión sobre esta actividad hasta que el juez de la Corte Suprema de Windhoek no se pronuncie al respecto. Y lo hará este verano -previsiblemente- tras haber recibido una demanda de las organizaciones pesqueras en pleno [en las que participan las filiales de Pescanova, Iberconsa o Mascato] contra el proyecto Sandpipe, que pretendía remover más de 2.000 kilómetros cuadrados del fondo del mar en pleno caladero. La adjudicataria fue Namibia Marine Phosphate (NMP), propiedad de un multimillonario omaní.
Según el portal de noticias local The Patriot, el CCTED no defendió una nueva moratoria sobre esta actividad minera en el fondo del mar, altamente lesiva para el ecosistema y la actividad pesquera. Eso sí, reclamó a las partes (detractores y defensores de la minería fosfática) que aporten pruebas de la inocuidad o agresividad de la misma. "En tanto hay un proceso judicial abierto", recoge la misma publicación, el gabinete (en el que participa el Ministerio de Pesca de Bernhard Esau) entiende que no debería pronunciarse. La mina de NMP, de aprobarse finalmente, sería la primera en todo el mundo de sus características, después de que proyectos impulsados en México o Nueva Zelanda hubiesen sido eliminados por la presión social y de organizaciones medioambientalistas. En este último país la minería marina de fosfato está prohibida.
