El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, firmó ayer con los sindicatos el acuerdo de empleo público que contempla una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8%. La columna vertebral del acuerdo, como han destacado las organizaciones sindicales, es la "regularización" de los puestos que se han ido cubriendo con interinos (temporales) ante la ausencia de oposiciones en los últimos años. En Galicia las administraciones transformarán en fijos a 13.143 interinos, según los datos remitidos desde el Gobierno gallego al ministerio y facilitados a este periódico.

El acuerdo pretende "dar estabilidad a las plantillas", dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres años, se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90% en servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre otros. Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).

Las cifras en Galicia

Una vez firmado el acuerdo la administración autonómica deberá negociar con los sindicatos la convocatoria de una OPE extraordinaria para convertir en fijos a esos 13.143 trabajadores interinos. Tendrá de plazo para regularizar su situación hasta 2019, como explicó el responsable de CSIF en Galicia, José Francisco Méndez. De ellos, 7.660 son empleados del Sergas, 4.359 de enseñanza no universitaria, 633 de la administración central autonómica, 253 trabajadores de universidades y 238 de justicia. Estas plazas van al margen de las que se convoquen para cubrir las plazas vacantes por jubilaciones (tasa de reposición). Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), de los 177.900 empleados públicos gallegos el 24,5% (43.600) tenían un contrato temporal a cierre de 2016.

El ministro celebró la firma del primer acuerdo de esta legislatura entre los sindicatos y Función Pública, y destacó que el objetivo del mismo es mejorar la calidad del empleo público y reducir la interinidad a lo largo de los tres próximos ejercicios. En este sentido, subrayó que el acuerdo en materia de empleo público es una apuesta por la "dignificación" de la Función Pública y de los servicios públicos, que "tienen que ser una prioridad esta legislatura", y supone una "importante contribución a la recuperación económica del país".