Los sindicatos de estibadores han decidido suspender dos de las nueve jornadas de huelga que habían convocado, las fijadas para los días 6 y 8 de marzo, a la espera de comprobar si el próximo jueves el Congreso convalida finalmente o no la reforma del sector aprobada el pasado viernes por el Gobierno.

La decisión de los estibadores llega tras comprobar que la reforma no cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios y después de que la naviera danesa Maersk, una de las mayores del mundo, anunciara que desviará sus buques a otros puertos si la huelga se lleva a cabo.

La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, ha remitido una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que señala que la reforma de la estiba aprobada por el Gobierno cumple lo exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y reclama su rápida convalidación por el Congreso.

Según el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, "la oposición del PSOE" y de otros grupos parlamentarios al real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros "abre una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación".

Por ello, la CETM, UGT, CCOO, CIG y CGT han acordado suspender las jornadas de huelga convocadas para el lunes y el miércoles de la próxima semana.

Su intención -explican- es que "un clima de normalización laboral anime al Ministerio de Fomento a salir de su cerrada posición e invite a la negociación real mediante la constitución de una mesa de diálogo" para modificar el real decreto ley.

Horas antes, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, había avanzado que no apoyaría la reforma porque no está consensuada y había pedido al Gobierno una mesa de diálogo para mejorarla.

Este jueves, el portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Saura, había mostrado también la oposición del PSOE al real decreto y había pedido a los estibadores que desconvocaran la huelga.

La posición de los grupos parlamentarios choca, sin embargo, con los planteamientos de la Comisión Europea (CE).

En la carta remitida al titular de Fomento, la comisaria de Transporte señala que el real decreto ley garantiza el completo cumplimiento de las exigencias del TJUE.

Bulc anima encarecidamente a España a dar los pasos que quedan pendientes, en particular la convalidación del real decreto ley en el Congreso, y a comunicárselo con la mayor celeridad cuando se haya hecho.

La comisaria subraya en la misiva que es especialmente importante teniendo en cuenta la multa diaria impuesta a España por no cumplir lo fijado en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Luxemburgo en diciembre de 2014.

Explica que, una vez dados estos pasos, y siempre que la esencia del real decreto ley no haya sido alterada, dará orden a sus servicios para que rápidamente procedan a informar al Tribunal comunitario para proceder al cierre del caso, sujeto a la aprobación por el Colegio de Comisarios.

Además, Bulc insta a continuar con el diálogo social entre estibadores y empresas para asegurar una implementación suave de la reforma del sector.

La comisaria tiene previsto viajar a España el próximo lunes y comparecer el martes en la Comisión de Fomento del Congreso.

Presiones contra los paros

Al margen del conflicto político, las presiones para desconvocar los paros han llegado también desde el ámbito empresarial.

La naviera Maersk, uno de los gigantes del sector, ha anunciado hoy que ha diseñado un plan de contingencia para desviar sus barcos a puertos alternativos de Europa y el Mediterráneo en caso de huelga para minimizar el impacto en sus operaciones.

El plan se basa en reducir la presencia en el puerto de Algeciras (Cádiz) y desviar a otros puntos los buques procedentes de Asia y Oriente Medio que se dirigen a Europa.

Según Maersk, la huelga tendría un "gran impacto" en los flujos de mercancías que entran y salen de España y en su red global por la importancia estratégica del puerto de Algeciras.

Desde Valencia, el presidente del Grupo Boluda, Vicente Boluda, ha acusado a la Administración de no haber "movido un dedo" durante cuatro años y de querer arreglar la situación ahora "en cinco o seis días".

Boluda ha asegurado que "hay un responsable con nombres y apellidos", una frase con la que ha apuntado, sin nombrarlo, al presidente de Puertos del Estado, José Llorca.