La opinión dominante en España atribuye la persistencia del déficit fiscal español a un exceso de gasto público y no a una insuficiencia de ingresos tributarios. De hecho, el criterio más habitual (compartido por algunos economistas) es que el Estado recauda demasiado, pero que gasta (o incluso derrocha) mucho más.
Sin embargo, los datos de la UE, la OCDE y el FMI desde hace años (incluso desde antes de la crisis) y sus dictámenes más recientes, y un estudio que acaba de difundir la Fundación de Estudios Económicos Aplicada (Fedea) sostienen la tesis contraria: el gasto público en relación al producto interior bruto (PIB) es en España de los más bajos de la UE y de la OCDE, pese a lo cual el país sigue en déficit -aunque con tendencia descendente- y ha pasado a tener el mayor descubierto presupuestario de la Eurozona porque su recaudación tributaria sigue siendo una las más ínfimas de Europa y del conjunto de países avanzados, de forma que la presión fiscal es muy baja con independencia de que individualmente haya sujetos fiscales que consideren con razón que su esfuerzo fiscal es muy alto.
Esta discrepancia volverá a ponerse de manifiesto de forma inmediata, una vez que todo apunta a que España volvió a incumplir el objetivo de déficit fiscal en 2016 pese a habérsele relajado dos veces (así lo aseguró ya la Comisión Europea, a la espera de los datos definitivos) y toda vez que el 3,1% al que se comprometió España para 2017 se desviará, según la UE, hasta el 3,5%, lo que supondrá un incumplimiento superior a los 4.300 millones.
Algunos economistas y muchos ciudadanos consideran que el ajuste vía tributaria ha sido ya excesivo y muy superior al realizado mediante recorte de gasto y que ha llegado la hora de que se afronte un disciplinamiento del dispendio público. Sin embargo, Andrea Schaechter, responsable de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España, sostuvo el 13 de diciembre que, aunque el déficit fiscal se está reduciendo desde 2009, el déficit estructural español (el que no está ligado a la evolución coyuntural de la economía) está creciendo por lo que es preciso "actuar sobre todo", dijo, "por el lado de los ingresos".
El 30 de enero, en su dictamen definitivo sobre la economía español, el FMI mantuvo que dos tercios del ajuste del déficit presupuestario realizado por España se ha hecho mediante recortes del gasto público pese a que éste ya era de los menores de la UE y de la OCDE, y agregó que el país debe dejar atrás la austeridad y acometer el resto del esfuerzo pendiente con un aumento de los ingresos fiscales mediante incrementos, sobre todo, del IVA e impuestos especiales.
La Comisión Europea sostuvo el 13 de febrero que el déficit fiscal volverá a incumplirse en 2017 porque una vez más, y como en ejercicios precedentes, el Gobierno no cumplirá, dijo, su compromiso de recaudación, y en su informe sobre España del 22 de febrero mantuvo que el ajuste fiscal español "no está insuficientemente apoyado por los impuestos" y en concreto por los de consumo (IVA) y los ambientales.
La OCDE acredita que la presión fiscal en España nunca ha alcanzado la media de los 34 países más avanzados del mundo y hace algo más de un año volvió a insistir en que España es el país desarrollado en el que más cayó la recaudación desde 2007.
Ahora, un estudio de Fedea, difundido este mes, reitera que en España "los ajustes vía gasto han sido muy severos" y que "sería difícil justificar proseguir el necesario ajuste reduciendo el gasto aún más", máxime cuando el gasto de las administraciones públicas en relación al PIB siempre ha sido de los menores de la UE. Fedea constata, por el contrario, que "la presión fiscal sigue siendo muy baja comparada con la de nuestros socios europeos", por lo que propone mantener tipos impositivos pero suprimir beneficios fiscales para ingresar más.
