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Irene Garrido: "Galicia es una referencia en solvencia"

"No podemos relajarnos. El reto es disminuir la dolorosa tasa de paro y mejorar la calidad"

Irene Garrido. // FDV

La conversación se mantiene en uno de los pocos paréntesis que la secretaria de Estado de Economía entre reunión y reunión. Corre hacia otra "muy importante" que consumirá el resto de la mañana. Es lo que tiene llevar la cartera de la que es, sin duda, la gran preocupación del país. "Ha sido un auténtico honor que de nuevo el ministro pensase en mí para acompañarlo", asegura Irene Garrido, que ya formó parte de la Comisión de Economía del Congreso y presidió el Instituto de Crédito Oficial (ICO). No escatima piropos para su jefe, "una de las personas con mayor honestidad intelectual que conozco". La gallega con más poder en el Gobierno tras el presidente de Rajoy insiste en que la responsabilidad en su caso, "que vengo del mundo académico y siempre vinculada a las finanzas", es más un placer que un reto.

-La economía avanzó un 3,2% el pasado año, aunque estancada en el 0,7% en los dos últimos trimestres y este año la previsión es del 2,5%. ¿Se ralentiza por el fin de los vientos de cola, como el precio del petróleo?

-Llevamos tres años consecutivos de crecimiento económico. Partimos de un 3,2% en 2016 y 2015 y, efectivamente, la previsión para 2017 es del 2,5%. Vamos a seguir siendo el país que más crece entre las economías desarrolladas de gran tamaño. Si conservamos la tendencia positiva en los indicadores, esperamos que en el segundo trimestre se recupere el nivel de renta previo a la crisis.

-Con 1,5 millones de ocupados menos.

-Cuando hablamos de la importancia del crecimiento es, precisamente, para que siga esta creación intensiva de empleo como ahora y alcanzar el objetivo de 20 millones de puestos de trabajo al final de esta legislatura.

-¿De qué calidad? El importante aumento de la temporalidad es evidente. Crecen los fijos, pero más los eventuales y las jornadas parciales. ¿No es un ejemplo de que la recuperación no acaba de llegar a la calle?

-Está llegando. A lo mejor hablamos de cifras frías, pero en los tres últimos años se crearon un millón y medio de puestos de trabajo. Eso tiene un reflejo social. Los parados de larga duración se redujeron en 382.000 en el último año; en 38.900 los que buscan su primer empleo; y familias en las que todos sus miembros están en paro bajaron en 168.900 también y han salido de esta lista tan tremenda.

-Insisto. ¿Tenemos que acostumbrarnos a una mayor temporalidad?

-No. No podemos relajarnos. El reto es disminuir esa dolorosa tasa de paro y seguir luchando por la creación de empleo y mejorar la calidad.

-El acelerón que está pegando Galicia, cerca ya del ritmo estatal, ¿es fruto de que creció mucho menos en el inicio de la recuperación o porque tiene motores para hacerlo?

-Galicia está dando muestras de ser un referente en el cumplimiento de la estabilidad de las cuentas públicas y sirve de ejemplo de que la estabilidad tiene su premio El cumplimiento del déficit, en el que Galicia siempre está a la cabeza, permite que, con lo que se ahorra de intereses, puede construir y realizar inversiones que a otras comunidades no se les están permitidas.

-El presidente Feijóo acaba de anunciar que Galicia volvió a cumplir en 2016.

-Con un 0,58%, cuando el límite estaba en el 0,7%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la incluye entre las comunidades de probable cumplimiento también este año, en el que el límite es del 0,6%. Repito. Esto es lo que le permite llevar a cabo inversiones y mejorar la situación de la comunidad que dirige.

-¿Eso no le da derecho a un mayor premio, un reconocimiento en financiación por parte del Estado?

-No es en términos de derecho ni de financiación. Lo que tiene es una garantía, solvencia, que es el objetivo de todo gobernante. Conlleva que Galicia tenga una tasa de paro, el 16,3%, inferior a la estatal, del 18,6%. O que si se batió el récord de exportaciones de mercancías con 254.000 millones, Galicia bata el suyo de 20.000 millones. En lo que influye es que sea una comunidad de referencia y es el mejor premio que tiene un gobernante.

-No parece que vaya a ser así, el cumplimiento del déficit, por parte del Estado.

-Estamos pendientes de los datos de contabilidad nacional que salen en marzo y nos permitirán conocer exactamente el cumplimiento. Pero estamos convencidos de que va a estar en torno a ese 4,6% comprometido con Bruselas para 2016. Igual que el 3,1% de este año.

-Hace unos días el ministro De Guindos apeló a esperar a los datos también. Hubo un momento en el que parecía más seguro.

-De Guindos ha dicho exactamente lo que yo le estoy diciendo. Que esperamos que las cifras al cierre de 2016 estén en torno al límite comprometido con Bruselas.

-Si finalmente se desvía, ¿hay riesgo de que Bruselas pida reestructurar el gasto otra vez?

-Bruselas y todas las instituciones europeas reconocen el esfuerzo que está llevando a cabo España. De hecho, en el informe de la Comisión que hemos conocido la semana pasada el Comisario nos indicó que España va por el buen camino.

-No tanto las comunidades. En ese informe se incide en su incumplimiento.

-Es, desde luego, uno de los problemas. Pero también se valora el resto de las administraciones por alcanzar este cumplimiento.

-¿Eso podría cambiar con un buen acuerdo en el sistema de financiación o no es un problema de fondos, sino de gestión?

-Los modelos de financiación han ido cambiando con el tiempo para afrontar la asunción de nuevas competencias, mayor corresponsabilidad fiscal, igualación de ingresos y una mejor calibración teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la última revisión. El compromiso es que al final de 2017 exista ya un nuevo sistema. Al margen de esto, tenemos los instrumentos de financiación, el de Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidez Autonómica, que se pondrán en marcha en la mayor brevedad posible.

-¿Hay un problema vinculado a la aprobación de los presupuestos? ¿Es por los criterios? Galicia ya afrontó este mes vencimientos y ahora en marzo tiene más de 200 millones.

-Se está cerrando el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno en Asuntos Económicos. En cuanto a los vencimientos de Galicia y el resto de comunidades que lo han hecho, se reintegrarán una vez se instrumenten los préstamos del fondo ya que todos los vencimientos de deuda como la financiación del déficit están cubiertos por el fondo, independientemente del momento en el que se ponga en marcha.

-¿Se mantendrán los tipos cero para quien, como Galicia, cumple con gasto, proveedores y déficit?

-Eso es lo que está cerrándose. Todos los términos y condiciones.

-¿Es posible un acuerdo de financiación autonómica sin Cataluña?

-El Gobierno va a llegar a un acuerdo convocando a todas las comunidades. La responsabilidad de participar o no en la negociación está en manos de cada una.

-¿Estado y autonomías hacen todo lo posible contra la burocratización de la que se quejan los empresarios?

-Por supuesto, es una de las cosas en las que tenemos que trabajar y en la que el Ministerio tiene especial empeño. Está relacionado con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la LGUM, y es una de nuestras prioridades. Además de las trabas burocráticas se unen las complicaciones de las pequeñas y medianas empresas por su reducido tamaño y menos medios de acceso a la financiación. Para que eso sea más fácil en el Ministerio estamos preparando un mapa que va a clarificar todas las ayudas públicas. Deben tener claro que todos los instrumentos que existen están a su disposición y para favorecer, básicamente, proyectos innovadores y de internacionalización.

-¿Y en fusiones, en ganar tamaño? ¿Es partidaria de incentivos públicos?

-El Ministerio trabaja en resolver el problema del tamaño empresarial. Más del 87% de las empresas cuentan con menos de 10 trabajadores. Estamos analizando por qué, cuáles son las trabas legales, regulatorias, fiscales... que desincentivan el crecimiento. Todo lo vamos a recoger en un informe para mejorar el clima empresarial. Tenemos que profundizar más en la LGUM porque contribuirá a aumentar el tamaño del mercado al que pueden acceder las pymes y aprovechar mejor sus economías de escala.

-No se entiende lo ocurrido con el IPC este año sin las condiciones meteorológicas extremas y su influencia en los precios de la electricidad y productos del campo. Pero, ¿la subida de la inflación no ha llegado para quedarse?

-Lo que está claro es que vamos a tener una inflación en positivo, pero no en los términos de los primeros meses del año. Subió mucho proporcionalmente, pero también bajó en gran medida en los mismos meses del pasado año y por lo tanto el efecto base es fundamental. El precio de la electricidad está condicionado por muchos factores meteorológicos como lluvia o viento, que influyen en la disponibilidad de centrales. El precio del petróleo, que es el otro gran condicionante, se ha estabilizado. Por eso la inflación volverá a situarse en torno a la inflación subyacente, que sigue alrededor del 1%.

-Y con inflación en positivo y vista la evolución de la economía, ¿no llegó el momento de que el país se plantee de verdad subidas salariales?

-En los tres últimos años la evolución de salarios, rentas y pensiones siempre estuvo por encima de la inflación. Ha habido ganancia de poder adquisitivo. La subida de la inflación está ligada a factores específicos y la subyacente, que es la que permanece en el tiempo, se sitúa en cotas cercanas al 1%.

-¿Le gusta el resultado final de las negociaciones del real decreto para la devolución de las cláusulas suelo?

-Estoy satisfecha con el resultado porque creo que se ha dado una solución rápida a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y a todas las personas afectadas por esas cláusulas que no eran transparentes. Excepto algunos bancos que ya comunicaron hace semanas que empezaban con el pago, el resultado empezará verse a partir de ahora con el periodo de tres meses para que los bancos den una respuesta porque es obligatorio para ellos y voluntario para los consumidores. Tenemos también en marcha la comisión de seguimiento que se va a aprobar en un decreto y que va a ser una medida del grado de éxito.

-¿La comisión es un aviso a la banca? Por casos cercanos que conozco, las entidades están siendo poco empáticas.

-No es un aviso. La banca debe saber que tiene una obligación que cumplir y el Gobierno, de acuerdo con los partidos, establece una comisión de seguimiento para asegurar que se está aplicando. Con el panorama de esta legislatura, sin mayoría absoluta, era necesario tener la mano tendida y llegar a acuerdos que seguramente van a ser mucho más duraderos porque vienen de la negociación.

-Por unanimidad en el caso de la comisión de investigación del sector financiero. ¿Sabremos lo que ocurrió de verdad?

-El Gobierno no pone ninguna objeción a la comisión porque la reestructuración y el rescate financiero desde 2012 fue un ejercicio de transparencia sin parangón. No podemos olvidar que la banca era foco de desconfianza para los inversores y eso contagiaba al resto de la economía. Cinco años después nadie desconfía y las entidades han vuelto a su labor tradicional, que es dar crédito a familias y empresas, para apuntalar la recuperación iniciada en 2013.

-Tampoco podemos olvidar que la reestructuración es fruto de decisiones políticas de todos los colores y todas las comunidades. ¿Deberían salir responsabilidades políticas?

-Lo que me corresponde a mí es decir que el FROB ya ha llevado una comunicación a la Fiscalía con más de 70 casos de prácticas que podrían ser susceptibles de contravenir alguna norma. No me corresponde determinar la responsabilidad o de quién.

-PSA y Opel tienen en España dos de sus fábricas más competitivas, en Vigo y Zaragoza. ¿Habría algún peligro para ellas si va adelante la compra de Opel por PSA?

-No espero que haya peligros. Tienen sus interlocutores fijados, se está haciendo con seriedad, pero seguimos muy de cerca la operación. Si finalmente se realiza se puede crear un gran coloso de la fabricación que afectaría a esas fábricas establecidas en España. No obstante, tenemos que partir de que se trata de operaciones llevadas a cabo entre empresas privadas y lo que le corresponde al Ministerio es el seguimiento.El presidente de PSA, Carlos Tavares, ha indicado esta misma semana que los empleados de Opel en España deben estar tranquilos.

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