La IX Cumbre Sindical Ibérica alumbró ayer en Vigo un término poco conocido pero cada vez más preciso de moda: el dumping social. Es una práctica que utiliza los bajos salarios para competir con las empresas de territorios limítrofes y que en esta ocasión, con dirigentes sindicales portugueses y gallegos bajo un mismo techo, se centró casi en exclusiva en el éxodo de inversiones a polígonos industriales del Alto Minho. Para los sindicatos la apuesta de las multinacionales por el norte de Portugal obedece a la pretensión de "maximizar ganancias solo con la reducción del factor trabajo", como destacó el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. El ferrolano coincidió con sus homólogos en la União Geral dos Trabalhadores (UGT) y la Confederaçao Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), Carlos Silva y Arménio Carlos, respectivamente, en la urgencia de dejar de utilizar los costes salariales como efecto reclamo para atraer industria. En las jornadas participaron además el líder de UGT, Pepe Álvarez; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la presidenta del Consello Económico y Social, Corina Porro; o la secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca.

Aunque el portavoz de la patronal metalúrgica Asime, Enrique Mallón, coincidió con los sindicalistas en que las diferencias salariales sí actúan como efecto reclamo para invertir en Portugal (la masa salarial en la automoción en Galicia, por ejemplo, se sitúa en los 17.500 euros anuales por empleado, frente a los 8.900 euros en el norte de Portugal), introdujo otros factores para explicar esta apuesta "abrumadora" por el país vecino. En su opinión están también el coste del suelo industrial (con un "precio simbólico", como reconoció Silva), la formación en idiomas de los empleados lusos, las ventajas fiscales y la proximidad a la factoría de PSA en Mangualde. "Es normal que las proveedoras quieran acercarse. Lo hacen por devoción al grupo; otras, por obligación", expuso en relación a las proveedoras del motor. Mallón pidió "valentía" para afrontar una situación que "hace daño" en Galicia, pero requiere de medidas dentro y fuera de las empresas. "Sería triste que a Galicia le entristezca que Portugal mejore".

En el capítulo de las propuestas los sindicatos apostaron por utilizar más las medidas de flexibilidad interna (como ERE temporales, que según Toxo han utilizado las factorías de coches para mejorar su competitividad) en vez de rebajar salarios y acometer despidos. "Es preciso globalizar los derechos" porque "para el capital no hay fronteras", razón por la que defendió la creación de un "suelo salarial único para todos los países". "Las empresas vienen a Portugal por los salarios bajos", lamentó Arménio Carlos, y Silva reclamó que todas las empresas que se asienten en suelo luso "apliquen condiciones salariales idénticas" a las de los demás países. También se reclamaron medidas administrativas por parte de la Xunta (el secretario xeral de UGT-Galicia, José Antonio Gómez, reivindicó a la Xunta que "tiene que ponerse las pilas y no echarle la culpa a otros que tienen hechos los deberes") y Bruselas.

Pero por parte de la patronal confían en que un elemento adicional, el de la llamada industria 4.0, sea el verdadero factor de competitividad de la industria gallega porque Portugal no es la única amenaza (Mallón mencionó Asia y Latinoamérica). "Es posible pero no será fácil", y reivindicó la robótica, los nuevos sistemas de procesos, las mejores comunicaciones y la logística como el verdadero polo de atracción para la industria de cara al futuro. Sin hacer referencia expresa a la innovación y la tecnología los líderes sindicales admitieron que "siempre habrá un país más barato para producir" (fuera de la UE, por ejemplo, donde sí se podría actuar en caso de alcanzar una unión fiscal) y apostaron por "competir en base a otros parámetros". Eso sí, siempre con la premisa de que se lleve a cabo un "reparto justo" de la riqueza.