El consejo de administración de la vieja Pescanova ha solicitado por escrito al grupo pesquero (Nueva Pescanova SL) una prórroga para notificar si acude o no a la ampliación de capital, con la que la segunda de ellas prevé rebajar el volumen de deuda en un 35% (unos 350 millones) y equilibrar sus cuentas. La antigua matriz ha reconsiderado su postura ya que de inicio se había decidido a no consultar a los accionistas a través de una junta extraordinaria (aseguró a FARO que no había tiempo). Ahora, como han destacado fuentes próximas a la pesquera, pretende que sean los socios los que voten a favor o en contra de canjear la deuda que tiene en balance (52 millones de euros) por acciones. A preguntas de este periódico desde la vieja Pescanova solo indicaron que los consejeros se pronunciarán "en los próximos días".
En base al acuerdo de refinanciación (suscrito con CaixaBank, Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, BBVA, UBI, HSBC y SVP) el último día para adherirse a la ampliación es el 24 de febrero. Accionistas críticos con el actual consejo censuran que no se les haya pedido opinión antes y creen que no es preciso solicitar una prórroga. "Basta con una adhesión provisional y condicionada al visto bueno de la junta", explica uno de ellos. Pero esta semana la sociedad ya dio una pista de sus intenciones. El lunes informaba de la renuncia de dos de sus consejeros (los únicos que habían trabajado para la antigua matriz, César Mata y César Real) y avanzó la decisión de "someter a deliberación y votación la renovación del consejo y la adopción de otros acuerdos trascendentes". Que sea la asamblea la que vote a favor o en contra de la ampliación dependerá del presidente del holding, Jacobo González-Robatto, quien a priori sería favorable a decir que sí.
La ley de Sociedades de Capital establece que la convocatoria de una junta debe realizarse con 30 días de antelación, lo que, si Robatto concede la prórroga, dejaría la asamblea de Pescanova SA para finales de marzo o principios de abril. Le serviría al consejo para defender sus propios candidatos a renovar el consejo frente a la intención manifiesta del fondo Broadbill Partners, como avanzó FARO, de renovarlo por completo. Esta firma norteamericana cuenta con el apoyo de Manuel Fernández de Sousa y otros socios relevantes de Vigo, y busca ahora el apoyo de dos fondos más: Cartesian Capital Partners y Luxempart. "La decisión final será de los minoritarios", se resignan sus asesores.
Pero tanto Cartesian como Luxempart están más centrados en la parte penal que en la societaria porque invirtieron en la compañía cuando ésta funcionaba aparentemente bien. Su apuesta por Pescanova les supuso un quebranto de 24 y 52 millones, respectivamente, según sus propios cálculos. No es el caso del propio Broadbill o Carolina Massaveu, que entraron en el capital a precios de derribo con la multinacional en preconcurso o siendo ya una sociedad de cartera (como la compra del paquete completo de Damm). "A los accionistas hay que decirles que han perdido todo, que estamos ahora entre quedarnos con un 1,6% de Nueva Pescanova o más de un 3%. Y, a partir de ahí, decidir qué hacemos con esta carcasa", asegura un socio mayoritario. Una vía adicional sería la de llevar la ampliación de capital a los tribunales, como aprobaron los accionistas de la antigua matriz en septiembre, cuando todavía no se habían desvelado las condiciones de la operación.
