Entre los vocales de la patronal gallega conviven todos los estados de ánimo del ser humano, aunque prevalecen los acomodados en la segunda etapa del modelo de Kübler-Ross (negación, ira, negociación, depresión y aceptación). El golpe de efecto -o "de estado", como dicen algunos- de Antonio Fontenla ha agitado a una confederación que promulgaba la unidad hace una semana durante una comida en Lugo. Hoy reúne a su junta directiva y comité ejecutivo con una "división total" y un sector, el de los críticos del coruñés, que habla del único candidato como de una "marioneta". Además recuerdan que la viabilidad de la CEG depende de una hipoteca de 1,2 millones de euros, cuya concesión la banca condicionó a que la institución sea "estable". El mandato de José Manuel Fernández Alvariño fue convulso con 53 votos en contra; el de Antón Arias Díaz-Eimil, si gana, tiene asegurados al menos 60 negativos.
"Hay dinero para 15 días", admiten fuentes de la confederación empresarial, que no puede contar con los 600.000 euros de los fondos de la Xunta (ya los gastó) y no tiene programas en marcha para captar dinero extra. Lo que temen desde Pontevedra y Ourense es que Fontenla quite importancia a perder la hipoteca y tener "apalabrada" la venta de la sede. En julio el expresidente Antonio Dieter Moure recibió en el edificio de Santiago a unos interesados en la compra. Se barajó entonces la venta y posterior alquiler; las cifras, 15.000 euros mensuales durante veinte años. Fuentes del sector promotor consideran el coste "excesivo" y en la propia CEG consideran que la sede es demasiado grande.
De momento el plan A y, también de momento, el único que podrá firmarla como presidente es Arias. En la patronal de Ourense, que encabeza el movimiento opositor contra el hombre de Fontenla, no tienen esperanzas en que éste recapacite, pero sí en movilizar a cuantos más vocales mejor para votar en contra. "Os pedimos que, como partes cumplidoras del pacto acordado, manifestéis vuestra disconformidad con la candidatura presentada", reza una nota remitida ayer por José Manuel Pérez Canal a las confederaciones de Pontevedra y Lugo. En la segunda el apoyo a Antón Arias será mayoritario (si no total); en la primera es oficialmente una incógnita.
En marzo de 2012 el candidato fue cesado como consejero delegado de la empresa familiar Arias Infraestructuras, de la que después dimitiría como consejero en mayo de 2015. "Si bien el señor Arias Díaz-Eimil demandó a Arias Infraestructuras solicitando la extinción de una supuesta relación laboral por vulneración derechos fundamentales y por despido improcedente, ambas fueron desestimadas", expone la empresa. "Don Antón Arias Díaz-Eimil no forma parte actualmente del consejo de administración", zanja para negar cualquier vínculo entre el coruñés y la compañía.
Los cálculos
El censo está compuesto por 192 vocales, si bien solo podrán unas 187 (Fegabus, con dos votos, se ha dado de baja). Arias cuenta con los 72 votos de Lugo y A Coruña y de sectoriales como Fefga (dos votos), Fegape (dos) o Cegasal (dos). Necesita llegar a los 94 votos favorables y desde las sectoriales explican que "Fontenla solo tiene tres o cuatro afines" y necesita sumar 30 de los 47 votos de estas organizaciones. Para los críticos con el coruñés tienen la llave -también con Dieter- para impedir la "cacicada" de Fontenla y el "asalto" de la patronal. El líder pontevedrés, Jorge Cebreiros, se ha mantenido en un plano más discreto pero, en una comunicación dirigida a sus afiliados, defiende la libertad de voto de cada vocal. El empresario no quiere "tener que decir que no" y se presta a llevar las delegaciones de voto de los que no vayan a Santiago el viernes y quieran votar contra el "candidato coruñés", pero no da pistas de su postura final. Su predecesor Alvariño ha mostrado en privado su fuerte oposición a las "tretas" de Fontenla.
